McKinsey se acuerda de pagar $650 millones por vínculos con la crisis de los opioides mientras un exsociólogo se declara culpable.

McKinsey & Company, la firma de consultoría de gestión de renombre mundial, ha vuelto a estar en el centro de la controversia al acordar un importante acuerdo de 650 millones de dólares con el Departamento de Justicia. Este acuerdo aborda el trabajo controvertido de la firma con Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin, en el contexto de la crisis nacional de opioides que ha cobrado innumerables vidas en las últimas dos décadas. En un desarrollo significativo, Martin Elling, un ex socio senior de McKinsey, se ha declarado culpable de obstrucción de la justicia por destruir registros internos de la empresa relacionados con su asociación con Purdue. La investigación del Departamento de Justicia reveló que McKinsey asesoró activamente a Purdue Pharma para "potenciar" las ventas de OxyContin, incluso mientras la epidemia de adicción a los opioides se intensificaba en Estados Unidos. Durante aproximadamente 15 años, más de dos docenas de socios de McKinsey estuvieron involucrados con Purdue, incrustando a la firma en una red de dilemas éticos mientras facilitaban la agresiva comercialización de un fármaco vinculado a la adicción y a fatalidades generalizadas. El acuerdo surge de los cargos presentados por las oficinas del fiscal de Estados Unidos en Massachusetts y el Distrito Oeste de Virginia. Marca un momento crucial para McKinsey, que ha sido noticia en los últimos años por varios acuerdos sin admisión de culpabilidad. Esta vez, sin embargo, la firma ha emitido una disculpa pública, reconociendo sus errores pasados. En un comunicado, McKinsey expresó su profundo pesar por sus servicios anteriores a Purdue Pharma y condenó su fracaso anterior en reconocer el daño social causado por los opioides. La firma declaró: “Esta terrible crisis de salud pública y nuestro trabajo anterior para los fabricantes de opioides serán siempre una fuente de profundo arrepentimiento para nuestra firma”. La declaración de culpabilidad de Elling sigue a una reciente acusación de otro ex socio senior, Vikas Sagar, quien admitió haber conspirado para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al pagar sobornos para asegurar contratos gubernamentales en Sudáfrica. Estos desarrollos subrayan una tendencia preocupante dentro de McKinsey, que ha enfrentado un escrutinio por sus límites éticos y sus roles duales al asesorar tanto a empresas farmacéuticas como a organismos reguladores como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Las audiencias del Congreso en 2022 pusieron aún más de relieve estos conflictos de interés, revelando cómo el trabajo de McKinsey con los fabricantes de opioides se desarrollaba en paralelo a la consultoría para agencias federales que supervisan la seguridad de los medicamentos. Surgieron pruebas de comunicaciones internas tras las batallas legales de Purdue Pharma, revelando discusiones entre Elling y otro socio, Arnab Ghatak, sobre cómo manejar las repercusiones de las demandas, incluyendo una sugerencia preocupante para eliminar registros incriminatorios. Ghatak ha expresado desde entonces sus sentimientos de vindicación tras la declaración de culpabilidad de Elling, afirmando que nunca participó en ninguna actividad indebida y criticando a McKinsey por su trato hacia él durante la investigación. Las repercusiones de este escándalo van más allá de McKinsey, impactando los procedimientos de quiebra en curso de Purdue Pharma, que buscan proporcionar compensación a las familias afectadas por la crisis de opioides. A medida que el panorama legal continúa evolucionando, las implicaciones de este caso sirven como un recordatorio contundente de las profundas conexiones entre el comportamiento corporativo y la salud pública, particularmente en una era donde la rendición de cuentas y las prácticas éticas están bajo un escrutinio creciente.