Crisis en el sistema de protección infantil de Nueva Gales del Sur deja a miles de niños vulnerables en riesgo.

En Nueva Gales del Sur, el sistema de protección infantil enfrenta una crisis, como lo revelan estadísticas alarmantes y relatos conmovedores de quienes están dentro del sistema. El año pasado, se identificaron a 112,000 niños como en riesgo de sufrir daños significativos, pero el Departamento de Comunidades y Justicia (DCJ) no tiene registro de lo que sucedió con aproximadamente 84,000 de ellos después de que sus casos se cerraran sin ningún seguimiento. Esto ha planteado serias preguntas sobre la efectividad del sistema actual, que está lidiando con una demanda abrumadora y una crónica falta de recursos. Los problemas comienzan con el proceso de admisión, donde la línea de ayuda de protección infantil del estado recibe cientos de miles de llamadas anualmente de ciudadanos preocupados, incluidos maestros, médicos y policías. Sin embargo, un retraso en los informes a menudo deja los casos urgentes estancados durante semanas o incluso meses. Los trabajadores de casos describen una realidad sombría donde deben clasificar los informes, decidiendo qué casos requieren atención inmediata, mientras que otros son marcados como cerrados debido a "prioridades en competencia". Las consecuencias de estos fallos sistémicos pueden ser devastadoras. Los niños quedan vulnerables a la negligencia y el abuso continuos, y muchos experimentan traumas que alteran la vida debido a la violencia doméstica y otras formas de maltrato. Notablemente, durante el último año, solo una cuarta parte de aquellos en riesgo recibió alguna forma de evaluación de seguridad en el hogar, dejando a innumerables niños sin el apoyo que necesitan desesperadamente. El caso de una madre de 19 años ilustra los trágicos resultados de un sistema que no logra proporcionar el apoyo adecuado. Después de buscar ayuda debido a sus luchas con la crianza, su bebé fue retirado por los trabajadores de casos, a pesar de que las evaluaciones indicaban que era capaz de cuidar a su hijo con asistencia. Este incidente, reflejo de muchos otros, destaca una tendencia preocupante donde quienes buscan ayuda a menudo son penalizados, reforzando un ciclo de pobreza y aislamiento. En regiones como Northern Rivers, conocidas por sus paisajes pintorescos, la realidad para muchos niños es sombría. Los informes indican que menos de una de cada seis llamadas relacionadas con niños en riesgo son evaluadas, un reflejo contundente de la crónica falta de personal y escasez de recursos que aquejan al DCJ. Con las vacantes de trabajadores de casos en aumento, la presión sobre el personal restante ha alcanzado un nivel insostenible, llevando a muchos a abandonar la profesión debido al agotamiento y el estrés emocional. Las ramificaciones de estos fallos sistémicos se extienden más allá de los casos individuales. Un ex trabajador del DCJ, que dejó el departamento tras presenciar resultados angustiosos para los niños, describió el costo emocional y el conflicto moral inherente al rol. Los trabajadores a menudo se encuentran lidiando con las duras realidades de sus elecciones, donde las inadecuaciones sistémicas se manifiestan en las vidas de niños vulnerables. La dependencia excesiva de organizaciones privadas para proporcionar cuidados fuera del hogar ha complicado aún más la situación. Aunque se pretende aliviar la carga sobre el sistema público, este cambio ha resultado en una falta de responsabilidad y supervisión, con muchos niños colocados en entornos que no satisfacen sus necesidades. Los recursos financieros asignados a contratos privados son significativos, sin embargo, los resultados para los niños siguen siendo desalentadores. Muchas agencias priorizan los casos según la facilidad de colocación, dejando a niños mayores y aquellos con necesidades complejas en situaciones precarias. Además, la experiencia de los niños indígenas dentro del sistema continúa siendo desproporcionadamente negativa, reflejando las injusticias históricas de las Generaciones Robadas. Los informes sugieren que la adecuación cultural en los servicios de apoyo sigue siendo peligrosamente insuficiente, agravando aún más el trauma experimentado por las familias aborígenes. Los hallazgos recientes del auditor general de NSW sirven como un llamado de atención, revelando que el DCJ ha fallado en su deber de cuidar al monitorear el bienestar de los niños en cuidados fuera del hogar. A medida que el gobierno enfrenta una creciente presión para reformar el sistema, el camino a seguir requiere no solo un aumento en la financiación y los recursos, sino un cambio fundamental en la forma en que operan los servicios de protección infantil. La necesidad de intervención temprana y apoyo, particularmente para aquellos en situaciones vulnerables, nunca ha sido más crítica. A medida que la comunidad reflexiona sobre estos problemas, las historias de individuos como Jason, un joven aborigen moldeado por sus experiencias en el sistema de protección infantil, nos recuerdan el profundo impacto que el trauma puede tener en una vida. Su deseo de ayudar a otros, a pesar de su turbulento pasado, subraya el potencial de cambio y sanación que existe cuando los niños reciben el apoyo que necesitan. En conclusión, la situación en Nueva Gales del Sur exige atención y acción urgentes. A medida que el gobierno reconoce las deficiencias del sistema actual, es imperativo que las reformas prioricen el bienestar de los niños y proporcionen los recursos necesarios para garantizar que ningún niño se quede atrás. Las vidas de innumerables niños dependen de ello.