Mujeres de Texas exigen una investigación federal tras la negativa de hospitales a brindar atención vital para embarazos ectópicos.

Dos mujeres de Texas están pidiendo una investigación federal sobre hospitales que, según afirman, les negaron atención urgente por embarazos ectópicos que amenazaban sus vidas, lo que plantea serias preocupaciones sobre el cumplimiento de las leyes federales de atención médica de emergencia. Los casos destacan las complejidades que rodean la legislación sobre el aborto en Texas, particularmente en el contexto de las estrictas prohibiciones de aborto del estado. Kyleigh Thurman, una mujer de 25 años de Burnet, Texas, vivió una experiencia angustiante a principios de este año cuando buscó ayuda en el Hospital Ascension Williamson. A pesar de que su ginecólogo obstetra indicó claramente que probablemente tenía un embarazo ectópico—una condición grave en la que un óvulo fertilizado se implanta en la trompa de Falopio en lugar de en el útero—el personal del hospital inicialmente se negó a proporcionar el tratamiento necesario. Thurman regresó al hospital días después, con un dolor intenso y sangrando, solo para recibir atención después de que su médico interviniera. Desafortunadamente, la demora resultó en la rotura de su embarazo ectópico, lo que llevó a complicaciones que amenazaron su vida y a la pérdida de una trompa de Falopio, impactando significativamente su futura fertilidad. De manera similar, Kelsie Norris-De La Cruz enfrentó una situación crítica en el Hospital Texas Health Arlington Memorial. Para cuando recibió tratamiento, su embarazo ectópico estaba cerca de la ruptura, lo que resultó en la pérdida de una trompa de Falopio y la mayor parte de su ovario derecho. Norris-De La Cruz expresó su frustración, enfatizando: "A pesar de que mi vida estaba claramente en peligro, el hospital me dijo que no podían ayudarme." Su experiencia refleja una tendencia preocupante en la que las mujeres en condiciones críticas están siendo supuestamente negadas del tratamiento médico necesario debido a interpretaciones restrictivas de las leyes de aborto del estado. Las mujeres han presentado quejas ante la administración de Biden, afirmando que estos hospitales violaron la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo (EMTALA), que exige que los hospitales ofrezcan atención estabilizadora a los pacientes que enfrentan condiciones médicas de emergencia, incluida la provisión de abortos cuando sea necesario. Esta situación se complica aún más por las estrictas leyes de aborto de Texas, que han creado un ambiente de miedo entre los proveedores de atención médica, disuadiéndolos de actuar con decisión para salvar vidas. A pesar de la posibilidad de tratar embarazos ectópicos bajo la ley estatal, la amenaza inminente de severas penalizaciones por violar la prohibición del aborto ha dejado a muchos médicos dudando en proporcionar atención. Las quejas fueron presentadas ante el Centro para los Derechos Reproductivos, que está instando a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid a investigar los hospitales involucrados y garantizar el cumplimiento de la ley federal. El Centro ha señalado que desde 2022, más de 100 mujeres que enfrentan crisis médicas similares han informado que fueron rechazadas o tratadas de manera inadecuada en situaciones de emergencia. Las implicaciones de estos casos subrayan un problema más amplio relacionado con el acceso a la atención de salud reproductiva en Texas. El panorama legal del estado ha dejado a muchos médicos en una posición precaria, donde su compromiso con la atención al paciente se enfrenta al miedo a las repercusiones legales. Como dijo Beth Brinkmann del Centro para los Derechos Reproductivos, "Es imposible tener en mente el mejor interés de tu paciente cuando te enfrentas a una sentencia de vida." A medida que la nación continúa lidiando con las ramificaciones de la legislación restrictiva sobre el aborto, se hace cada vez más evidente la necesidad urgente de claridad y protección en los entornos médicos de emergencia. Las experiencias de estas mujeres iluminan la intersección crítica entre la atención médica, la ley y los derechos reproductivos, enfatizando la necesidad de un cambio sistémico para salvaguardar la seguridad y el bienestar de los pacientes.