Madre se opone al controvertido IVA sobre las tasas escolares de colegios privados para niños con necesidades especiales.

En un movimiento que ha generado una controversia significativa, una madre de Kent, Alexis Quinn, se está preparando para impugnar la propuesta del gobierno de introducir el IVA sobre las cuotas de las escuelas privadas. La política inminente, que impondrá un impuesto del 20% sobre los costos de educación privada a partir del 1 de enero, ha suscitado preocupaciones entre los padres, particularmente aquellos con hijos que tienen necesidades educativas especiales. La hija de Quinn, Addison, es autista y ha enfrentado considerables desafíos en el sistema educativo. Después de experimentar un grave malestar emocional mientras asistía a una escuela primaria estatal—caracterizado por dolores de cabeza, dificultad para comer y dormir, y llantos frecuentes—Quinn buscó un entorno más solidario. Esto la llevó a inscribir a Addison en Rochester Independent College, donde las cuotas anuales alcanzan hasta £22,230 para los estudiantes mayores. La decisión no se tomó a la ligera; se vio respaldada por una beca de arte y el apoyo de los padres de Quinn. La política propuesta de IVA amenaza con aumentar la carga financiera sobre familias como la de Quinn, lo que podría obligar a niños vulnerables a ser colocados en entornos inadecuados dentro del sistema estatal. Quinn ha recaudado más de £72,000 para financiar su batalla legal, afirmando que el gobierno ha pasado por alto las implicaciones de la política del IVA en los niños con necesidades especiales. Ella argumenta que sin una provisión adecuada en el sector estatal, muchas familias no tendrán más remedio que retirar a sus hijos de las instituciones privadas, exacerbando los desafíos existentes. Según el abogado de Quinn, Paul Conrathe, el argumento legal se centrará en la noción de que la política del IVA viola los derechos de los niños con necesidades educativas especiales tal como se establece en la Convención Europea de Derechos Humanos. Por otro lado, el gobierno ha proyectado que el impuesto generará hasta £1.5 mil millones anuales, destinados a mejorar la educación pública y los servicios. Mientras el gobierno ha asegurado que los niños con Planes de Educación, Salud y Cuidado (EHCP) que requieren apoyo de escuelas privadas estarán exentos del IVA, los críticos siguen siendo escépticos. La batalla de Quinn destaca preocupaciones más amplias sobre la adecuación de las provisiones estatales para niños con necesidades especiales, un sentimiento que también ha expresado Rory Love, miembro del gabinete del Consejo del Condado de Kent para educación y habilidades. Love reconoció el impacto personal que la política tendrá en las familias que han hecho sacrificios financieros para asegurar una educación de calidad para sus hijos. A medida que se acercan los procedimientos legales, el resultado del desafío de Quinn podría tener implicaciones de gran alcance para el futuro de la educación privada y los derechos de los niños con necesidades educativas especiales en todo el Reino Unido. El caso sirve como un punto focal en el debate en curso sobre la financiación educativa y la equidad, particularmente en un paisaje cada vez más polarizado donde las familias se ven obligadas a lidiar con costos crecientes y opciones limitadas.