Juan Brignardello Vela
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El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha alzado la voz en una contundente denuncia contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, describiéndolo como una dictadura que se consolida a través de la represión y el silencio de la oposición. En un mensaje publicado en la plataforma X, Boric expresó su preocupación por la deriva autoritaria del gobierno nicaragüense, señalando que se aleja de las esperanzas que alguna vez generó la Revolución Sandinista. “No olvidemos a Nicaragua y su tragedia”, subrayó en su crítica, enfatizando el sufrimiento que atraviesa el país centroamericano. La comparación de Boric entre el actual régimen y la dinastía Somoza no es casual. La familia Somoza gobernó Nicaragua con mano de hierro durante más de cuatro décadas, y su caída en 1979 marcó un momento crucial en la historia del país. El hecho de que Boric utilice este referente histórico resalta la gravedad de la situación en Nicaragua, donde las acciones del gobierno de Ortega y Rosario Murillo han suscitado el rechazo tanto a nivel nacional como internacional. En su declaración, Boric hizo eco de una editorial del diario El País, que también condena la aceleración del autoritarismo en Nicaragua. Este respaldo a las críticas internacionales refleja un compromiso del presidente chileno con la defensa de los valores democráticos, un compromiso que ha llevado a Boric a rechazar las políticas de Ortega en varias ocasiones. En septiembre, ya había catalogado a Ortega como dictador en respuesta a sus ataques contra los Carabineros de Chile, reafirmando su apoyo a la institución policial chilena. Las tensiones entre ambos líderes se intensificaron cuando Ortega disparó críticas hacia la policía chilena, vinculando su origen con el golpe militar de 1973 y describiendo a los Carabineros como responsables de “asesinatos masivos”. Boric, en respuesta, tomó medidas diplomáticas al instruir a su ministro de Relaciones Exteriores a presentar una nota de protesta. Este intercambio de declaraciones ha puesto de relieve las diferencias ideológicas y políticas entre ambos mandatarios. A medida que la situación en Nicaragua se deteriora, las reformas constitucionales impulsadas por Ortega han generado un fuerte rechazo entre la oposición y analistas políticos. Estas reformas, que han sido aprobadas sin debate ni oposición en la Asamblea Nacional, permiten un control aún más estricto del poder estatal y eliminan derechos fundamentales. La rápida tramitación de estas reformas ha despertado alertas sobre el desmantelamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua. Una de las reformas más controversiales es la creación de lo que se ha denominado una “dictadura bicéfala”, donde Ortega y su esposa, Rosario Murillo, compartirían el control absoluto del país. Este cambio estructural representa un golpe directo a la separación de poderes y podría llevar a una institucionalización del autoritarismo en Nicaragua. La oposición ha calificado esta medida como un intento de consolidar un régimen opresor que silencia cualquier disidencia. El establecimiento de disposiciones que consideran "traidores a la patria" a quienes critiquen al régimen añade un componente preocupante a estas reformas. Esta cláusula constitucional no solo restringe la libertad de expresión, sino que también establece un marco legal para la persecución de opositores, creando un clima de miedo y represión que podría desincentivar la disidencia en el país. Además, la inclusión de la bandera del Frente Sandinista como símbolo patrio ha generado críticas por su connotación partidista, lo que refleja una apropiación de los símbolos nacionales en un contexto de creciente autoritarismo. Este cambio en la representación nacional podría tener repercusiones en la identidad cultural del país y en la percepción pública sobre el papel del sandinismo en la historia de Nicaragua. La creación de una "Policía Voluntaria" que institucionaliza a grupos paramilitares también es motivo de gran preocupación. Estos grupos, señalados en el pasado por su participación en actos de represión, podrían recibir un respaldo legal que les permita operar con mayor impunidad, exacerbando la violencia y la represión contra la población civil. En este contexto, la postura de Boric y otros líderes latinoamericanos que han denunciado la situación en Nicaragua se vuelve crucial. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrolla esta crisis, y las palabras de Boric resuenan en un continente donde la lucha por la democracia continúa siendo un desafío. Así, la situación en Nicaragua se convierte no solo en un asunto interno, sino en un tema que afecta la estabilidad y la integridad de la región en su conjunto.
