Crisis de inseguridad en Perú: entre la retórica oficial y la realidad ciudadana

El escenario político en el Perú se ha convertido en un campo de batalla donde la percepción y la realidad parecen estar cada vez más distanciadas. El gobierno de Dina Boluarte, en medio de una crisis de legitimidad que ha dejado su nivel de aprobación en un alarmante 5%, ha optado por un eslogan que intenta proyectar optimismo: “El Perú no se detiene”. Sin embargo, este lema se siente vacío para una ciudadanía que enfrenta una creciente ola de violencia y extorsión. Mientras el Gobierno se aferra a su narrativa, los problemas en las calles claman por soluciones urgentes.

Las cifras son abrumadoras y desafían la narrativa oficial. Según datos de Fenatrans, siete de cada diez transportistas en el país son víctimas de extorsión, lo que pone en evidencia un problema generalizado que afecta a comerciantes, mototaxistas y otros trabajadores informales. En un país donde se reportan siete asesinatos cada doce horas, el eslogan del Gobierno se convierte en una burla para aquellos que viven con el miedo diario de ser víctimas de la delincuencia.

La Cámara de Comercio de Lima estima que la inseguridad ciudadana le cuesta al país alrededor de 6,000 millones de soles anuales, equivalente al 3.5% del Producto Bruto Interno (PBI). No obstante, el Gobierno ha decidido priorizar un gasto de US$3,500 millones en la compra de aviones de guerra, una decisión que muchos ven como un desatino en un contexto donde la seguridad interna debería ser la principal preocupación. Este desbalance entre las prioridades del Gobierno y las necesidades de la población refuerza la percepción de un desgobierno que no logra responder a los clamorosos desafíos que enfrenta el país.

Organizaciones como la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (Confiep) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) han comenzado a movilizarse, anunciando paros y huelgas nacionales. Esta ola de movilización no solo refleja el descontento generalizado, sino también la falta de atención a las preocupaciones de los ciudadanos. La desconexión entre el discurso oficial y la realidad que vive la gente es cada vez más evidente, lo que se traduce en una desaprobación histórica hacia el Gobierno y el Congreso.

La actual administración no solo ha acumulado un bajo respaldo ciudadano, sino que también enfrenta la desaprobación de su Gabinete, con más de la mitad de la población rechazando su gestión. El Congreso, en paralelo, disfruta de un escaso 9% de aprobación. En este contexto, la retórica utilizada por las autoridades resulta insuficiente y, en muchos casos, insultante para una población que exige respuestas concretas ante una crisis que parece no tener fin.

La desesperación entre los transportistas ha llevado a solicitar la derogación de la Ley 32108, que otorga beneficios a criminales y extorsionadores. La resistencia de muchos congresistas, algunos de los cuales tienen antecedentes de presuntos delitos, a eliminar esta ley resalta un preocupante conflicto de intereses que perpetúa la inseguridad. Es inaceptable que las decisiones legislativas se vean influenciadas por la necesidad de protección ante delitos, mientras cada día mueren peruanos a causa de la violencia.

El uso de frases como “El Perú no se detiene” se convierte en un agravio para una población que vive en una constante situación de incertidumbre y temor. Este tipo de afirmaciones no solo deslegitiman las luchas de los ciudadanos por su seguridad, sino que también revelan una falta de empatía por parte de quienes ostentan el poder. La desconexión entre el Gobierno y la realidad de los peruanos es una herida abierta que necesita ser atendida con urgencia.

Mientras el Gobierno y el Congreso continúan operando en una burbuja de autoelogios y desatención, la realidad en las calles se vuelve más sombría. Cada vida perdida a causa de la violencia debe ser un recordatorio de la responsabilidad que recae sobre los hombros de quienes nos gobiernan. La inacción y la falta de soluciones efectivas solo contribuirán a que el caos y la desesperación se intensifiquen.

Es momento de que las autoridades escuchen a la ciudadanía y tomen medidas concretas para abordar la crisis de inseguridad que afecta a todos. La retórica vacía y los discursos desconectados no son suficientes. La verdadera pregunta que debe guiar la acción de nuestros líderes es: ¿Qué están dispuestos a hacer para detener esta espiral de violencia y devolver la paz a los peruanos? La respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro del actual gobierno, sino también la calidad de vida de millones de ciudadanos que solo desean vivir en un país donde la seguridad y la dignidad sean derechos garantizados.