Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La reciente investigación del canal chileno Chilevisión ha destapado un oscuro entramado relacionado con el homicidio del militar venezolano Ronald Ojeda, cuyo asesinato ha sido atribuido a órdenes del número dos del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Según un testigo que ha declarado en el marco de la investigación, se afirma que Cabello habría instruido al grupo criminal conocido como el Tren de Aragua para llevar a cabo el secuestro y posterior asesinato de Ojeda, lo que añade un nuevo nivel de gravedad a la situación. El testigo, que se mantiene bajo reserva, indicó que la orden para el secuestro fue dada a través de un intermediario apodado “el Niño Guerrero”, quien recibió compensaciones económicas por parte del gobierno venezolano para ejecutar el crimen. Este tipo de relaciones entre el régimen venezolano y organizaciones criminales han suscitado preocupación no solo en Chile, sino en toda la región, al considerar el potencial de los crímenes trasnacionales que involucran a figuras del poder político. El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, ha respaldado estas acusaciones, señalando que la vinculación de la dictadura venezolana en el asesinato de Ojeda no se basa en meras especulaciones, sino en una sólida hipótesis de investigación sostenida por la evidencia recopilada hasta el momento. Esta aseveración es significativa, puesto que subraya la complejidad del crimen, que trasciende lo meramente individual y se convierte en un acto político orquestado desde las altas esferas del gobierno venezolano. La periodista que entrevistó a Valencia hizo hincapié en la naturaleza política del crimen, a lo que el fiscal respondió que, a pesar de que inicialmente se pensó que el caso era solo un hecho aislado, los nuevos datos han revelado que los pagos realizados para llevar a cabo el asesinato provienen directamente del gobierno de Venezuela. Esto da cuenta de un modus operandi que, si se confirma, podría tener implicaciones graves en las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. El pasado miércoles, las autoridades chilenas dieron un golpe significativo a la organización criminal Tren de Aragua, deteniendo a al menos dos miembros relacionados con el crimen de Ojeda. Esta operación, que se llevó a cabo en diversas comunas de Santiago, fue coordinada con la colaboración de Estados Unidos, lo que demuestra un compromiso conjunto para enfrentar la delincuencia organizada que se ha extendido a lo largo del continente. Valencia destacó que este tipo de operaciones son esenciales para debilitar la red de crimen que ha proliferado en la región. La ministra de Interior, Carolina Tohá, se pronunció al respecto, afirmando que el Estado chileno está decidido a combatir a las organizaciones criminales, sin importar sus conexiones internacionales. Esta declaración refuerza la idea de que Chile no será un refugio seguro para aquellos que buscan evadir la justicia a través del crimen organizado. Tohá subrayó que las autoridades están completamente comprometidas con la persecución de estos delitos, y que no escatimarán esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia. El asesinato de Ronald Ojeda, un disidente del régimen y asilado político en Chile, ha sido un recordatorio escalofriante del alcance de la violencia política y criminal que puede surgir de la intervención de gobiernos extranjeros en asuntos internos de otros países. Ojeda fue secuestrado en su hogar en Santiago el 21 de febrero de 2024, y sus restos fueron encontrados diez días después, enterrados bajo un bloque de cemento en las afueras de la ciudad. La brutalidad de este crimen ha conmocionado a la sociedad chilena y ha elevado la alerta sobre la influencia del crimen organizado en el país. Además del asesinato de Ojeda, las autoridades chilenas han vinculado al Tren de Aragua con otros crímenes, incluyendo el asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez, quien fue abatido en abril de 2024 mientras intentaba detener a un grupo de delincuentes. Estos incidentes reflejan la expansión de la violencia y la criminalidad en Chile, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a replantear y reforzar sus estrategias de combate al crimen organizado. El Tren de Aragua, que comenzó como una organización dentro de las cárceles venezolanas, ha extendido su influencia a países como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde su accionar se ha traducido en narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidios. Este fenómeno plantea un desafío significativo para las autoridades de cada país involucrado, quienes deben encontrar formas efectivas de enfrentar a estos grupos que operan con una gran capacidad de movilidad y adaptación. El caso de Ronald Ojeda y la implicación de Diosdado Cabello en su muerte han abierto nuevamente el debate sobre la violencia política y la corrupción en América Latina. La comunidad internacional estará atenta a cómo se desarrollan las investigaciones y qué acciones se tomarán en respuesta a estas graves acusaciones. La protección de los derechos humanos y la justicia para las víctimas de crímenes políticos son cuestiones que no solo involucran a Chile, sino que afectan la estabilidad y la seguridad de toda la región.
