La compleja red de vigilancia en el laberinto del Estado: ¿Quién controla a quién en el Perú?

En medio de un entramado de poderes descentralizados y autonomías que parecen actuar a su antojo, la reciente situación de Córpac, la problemática histórica de Petro-Perú, y los persistentes dilemas en los sectores de la salud y la justicia en el Perú nos llevan a preguntarnos quién realmente vigila a quién en este laberinto de Gobierno y Estado.

En un país con un gobierno constitucionalmente unitario, nos encontramos con una realidad fragmentada en caciquismos locales, regionales y burocráticos que parecen distanciarse del control central. A pesar de que el Estado se presenta como único e indivisible, las pretensiones separatistas y plurinacionales amenazan su integridad, generando un dilema sobre la verdadera autoridad y supervisión en la toma de decisiones.

En este escenario, surge la interrogante sobre la necesidad de una vigilancia efectiva que garantice el correcto funcionamiento de las entidades públicas. La reserva de la jefatura del Estado, utilizada sabiamente, debería actuar como un ente regulador por encima de la diversidad de poderes políticos, asegurando la coordinación y concertación necesarias para prevenir crisis institucionales.

Los gobiernos municipales y regionales reclaman autonomía pero dependen en gran medida de los recursos del Gobierno Central, lo que evidencia la falta de una supervisión efectiva y un seguimiento adecuado en la gestión de los recursos públicos. Los órganos autónomos y descentralizados también enfrentan esta problemática, alejándose de la responsabilidad sobre sectores fundamentales como la educación, la salud y la seguridad ciudadana.

Un ejemplo reciente que pone en evidencia estas deficiencias es la situación en el aeropuerto Jorge Chávez, donde la falta de un plan de contingencia ante fallas eléctricas reveló la fragilidad en la gestión de servicios críticos para la población. Esto pone de manifiesto la necesidad de una supervisión más rigurosa y una planificación adecuada para prevenir situaciones de emergencia.

La ciudadanía, por su parte, exige que se respeten sus derechos fundamentales y que se garantice la prestación de servicios básicos como el agua, la educación, la salud y la seguridad. Sin embargo, la falta de supervisión y seguimiento en la gestión de estos sectores ha generado una sensación de desprotección e incertidumbre entre la población.

En el ámbito legislativo y judicial, la necesidad de una vigilancia efectiva se vuelve aún más crucial. Los congresistas y autoridades judiciales deben actuar dentro de los límites de sus competencias, evitando prácticas que puedan socavar la democracia y el Estado de Derecho. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

En última instancia, la cuestión de quién vigila a quién plantea un desafío complejo en un entorno marcado por la ineptitud y la corrupción. La necesidad de una supervisión efectiva se vuelve imperativa para garantizar la eficiencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos y la prestación de servicios esenciales para la población peruana.