Vizcarra no asistirá a Comisión Permanente por controversia sobre disolución del Congreso

El expresidente Martín Vizcarra ha decidido no asistir a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, programada para el próximo 12 de marzo, donde se discutirá el informe final sobre la disolución del Parlamento que tuvo lugar en septiembre de 2019. Esta decisión, comunicada a través de un documento dirigido al presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, refleja la postura de Vizcarra en torno a las acusaciones que enfrenta por la disolución del Congreso, las cuales considera injustas y carentes de fundamento legal.

En su misiva, Vizcarra argumenta que el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) viola "flagrantemente" principios fundamentales de seguridad jurídica y de res judicata, conceptos que garantizan que las decisiones judiciales sean definitivas y no sujetas a revisión. Esta perspectiva se basa en su interpretación de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), emitida el 14 de enero de 2020, la cual, según él, respalda su actuación en el contexto de una crisis política aguda.

El exmandatario subraya que el TC, en su pronunciamiento, validó la competencia del Poder Ejecutivo para plantear cuestiones de confianza en relación a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en la postergación de la elección de magistrados, destacando la relevancia de la coyuntura política que atravesaba el país en ese momento. Esta interpretación legal, que Vizcarra sostiene como válida, se ha convertido en el eje central de su defensa frente a las acusaciones que le imputan una infracción constitucional.

Vizcarra, al hacer hincapié en el carácter constitucional de su decisión de disolver el Congreso, señala que no puede ser parte de un proceso que, a su juicio, ignora y transgrede lo dictado por el TC. En su opinión, asistir a la Comisión Permanente en estas circunstancias sería convalidar lo que considera una "ilegalidad" y un ataque a la institución de la cosa juzgada, lo que ha encendido nuevamente el debate sobre la legitimidad del proceso que enfrenta.

El informe en cuestión no solo involucra a Vizcarra, sino que también apunta a otros expresidentes del Consejo de Ministros, como Salvador del Solar y Vicente Zeballos, quienes, según las acusaciones, habrían infringido artículos de la Constitución al participar en la controversia en torno a la cuestión de confianza. Las acusaciones contra Del Solar y Zeballos se centran en la forma en que se manejó el proceso de elección de magistrados del TC, lo que intensifica la complejidad del escenario político.

El contexto de estas acusaciones se enmarca en un clima de polarización política en el país, donde la disolución del Congreso ha sido un tema candente desde su ejecución, generando reacciones encontradas entre diversos sectores de la sociedad. La postura de Vizcarra, que califica a la actual legislatura de "persecutoria", refleja la tensión existente entre el Ejecutivo y el Legislativo, y pone de relieve las repercusiones de decisiones políticas tomadas en tiempos de crisis.

La controversia sobre la disolución del Congreso y la cuestión de confianza ha llevado a los actores políticos a una confrontación constante, donde las interpretaciones legales juegan un papel crucial. En este sentido, la defensa de Vizcarra se presenta como una estrategia para recuperar su legitimidad ante una opinión pública que se encuentra dividida en torno a su gestión y a la crisis institucional que sigue afectando al país.

Mientras tanto, la Comisión Permanente se prepara para debatir el informe que podría tener consecuencias significativas para Vizcarra y los otros implicados. La decisión del expresidente de no participar en esta sesión podría interpretarse como un acto de desafío hacia el Congreso, pero también como un intento de posicionarse como defensor de un principio constitucional que, a su juicio, está siendo vulnerado.

De cara al futuro, el desenlace de esta situación podría sentar un precedente en la relación entre los Poderes del Estado. La atención se concentra no solo en las acusaciones que enfrenta Vizcarra, sino también en cómo este episodio podría influir en el desarrollo político y legal del país, en un momento donde la confianza en las instituciones está siendo puesta a prueba. La jornada del 12 de marzo promete ser un nuevo capítulo en esta historia de controversias políticas, y el país estará a la expectativa de cómo se desarrollen los acontecimientos.