Petro exige a su gabinete apoyar el decreto que convoca a una consulta popular: “Ministro que no firme, se va”

El presidente Gustavo Petro ha intensificado su cruzada en favor de una consulta popular que busca abordar temas laborales y sanitarios, a pesar de las críticas y el rechazo del Senado. Este sábado, Petro convocó a su gabinete a la Casa de Nariño, exigiendo la firma de un decreto que convoca a dicha consulta. En un mensaje contundente en su cuenta de X, el mandatario advirtió que cualquier ministro que se niegue a firmar el decreto será destituido. “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va”, afirmó, reafirmando su visión del poder presidencial como un mandato del pueblo.

La decisión del presidente ha generado un mar de controversias legales, ya que la Constitución colombiana estipula que es el Senado quien debe aprobar la convocatoria para una consulta popular. Esta instancia legislativa ya se pronunció en contra de la propuesta, lo que ha llevado a Petro a argumentar que el rechazo fue producto de un fraude en el proceso de votación. A pesar de contar con escaso respaldo jurídico y la oposición de numerosos analistas, el presidente mantiene que tiene el derecho de proceder con el decreto, aduciendo que existe un vacío en la respuesta del Senado que le da luz verde a su decisión.

La consulta popular, que Petro propuso inicialmente en marzo, ha sido interpretada por muchos como una estrategia para revitalizar su imagen y la del oficialismo en un año electoral crucial, a medida que se acercan las elecciones de 2026. Desde su primer anuncio, la consulta ha sido vista como una herramienta clave para defender y promover su reforma laboral, que fracasó en el Senado a pesar de contar con un amplio apoyo popular. Aunque esta iniciativa sigue en curso y se encuentra a un debate de convertirse en ley, el presidente argumenta que las modificaciones realizadas han diluido su propuesta original, haciendo más viable la consulta.

Las críticas han aumentado, ya que analistas políticos y opositores argumentan que la convocatoria a la consulta tiene más tintes electorales que reales intenciones de reforma. En este sentido, la exigencia de 13 millones de votos para que la consulta tenga validez se convierte en un obstáculo significativo, dado que Petro fue elegido con menos de 12 millones de sufragios. Esto ha llevado a sus detractores a considerar que su enfoque es más bien una campaña encubierta que una verdadera intención de cambio.

Para respaldar su proceso, Petro ha rodeado su gestión de asesoramiento legal, acudiendo a figuras reconocidas como Yefferson Dueñas y Eduardo Montealegre. Este último, exfiscal y exmagistrado, se une al nuevo gabinete como ministro de Justicia y ha sido clave en la elaboración del decreto. En declaraciones, Montealegre ha enfatizado que el Senado incurrió en vicios de trámite que invalidarían su rechazo, lo que ha sido el argumento central del Ejecutivo para proceder con la consulta.

La situación legal se tornó más compleja cuando un juez de Bogotá falló a favor de la senadora María José Pizarro, quien había apelado la decisión del presidente del Senado de cerrar el proceso de votación de manera abrupta. La magistrada exigió que se repitiera la votación, lo que Petro interpretó como un respaldo a sus denuncias de fraude. Esta decisión judicial ha añadido una nueva capa de tensión en un proceso que ya es intrincado y polémico.

Sin embargo, el contexto político se complica aún más, ya que el Senado no suele sesionar los fines de semana y se prevé que Petro, quien tiene un viaje a Francia para asistir a la conferencia de la ONU sobre océanos, desee que el decreto esté firmado antes de su partida. La urgencia del presidente por avanzar en esta consulta popular revela no solo su determinación, sino también una estrategia política que podría tener repercusiones significativas en su gobierno y en el futuro del país.

Los ministros, que se encuentran en una encrucijada, deben elegir entre cumplir con la exigencia del presidente o arriesgarse a perder su cargo. La presión sobre el gabinete es palpable, y el desenlace de esta situación podría ser un reflejo de la fragilidad de la cohesión dentro del equipo de gobierno. Las decisiones que tomen en los próximos días serán observadas atentamente, no solo por el Ejecutivo, sino también por una ciudadanía que sigue de cerca las acciones de su mandatario.

El futuro de la consulta popular se presenta incierto, y la polarización de la política colombiana se hace evidente en cada acción tomada por Petro. Si bien su intención de apelar al pueblo es clara, el contexto legal y la respuesta del Senado determinarán el rumbo de esta controversia. En un país donde la democracia enfrenta constantes desafíos, la forma en que se maneje esta situación podría tener efectos profundos en la confianza pública y en el respeto por las instituciones. Todo apunta a que los próximos días serán cruciales para definir el destino de esta ambiciosa iniciativa del presidente.