Congreso peruano en el centro de críticas por controversial modificación de ley

El Congreso de la República se encuentra nuevamente bajo la lupa tras la reciente aprobación de una ley que modifica la extinción de dominio, lo que ha suscitado un intenso debate sobre sus posibles repercusiones en el ámbito judicial y económico del país. Esta propuesta legislativa, que aún debe pasar por una segunda votación en el Pleno, ha generado preocupación en diversas instituciones, incluyendo el Gobierno, el Poder Judicial y la Fiscalía, quienes advierten que su implementación podría resultar en serias consecuencias.

El aspecto más controvertido de la ley es que establece que no se podrá iniciar el proceso de extinción de dominio sin una sentencia condenatoria firme. Esta limitación afectaría la recuperación de bienes de personas bajo investigación, lo que podría llevar a la impunidad en alrededor de 5,000 procesos relacionados con corrupción y otros delitos, según el coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, Manuel Luján Túpez. La advertencia de Luján es clara: la modificación de la ley podría abrir las puertas para que delincuentes continúen operando sin temor a perder sus recursos económicos, que son cruciales para sus actividades ilícitas.

Entre los casos que podrían quedar en el limbo se encuentran los de expresidentes como Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, así como otros líderes de grupos delictivos. Este escenario no solo plantea interrogantes sobre la justicia en el país, sino que también pone en riesgo la credibilidad del sistema judicial peruano. Las consecuencias de esta reforma no se limitarían a lo judicial; también podría tener repercusiones significativas en la economía.

Luján ha señalado que este cambio en la ley podría llevar a que Perú sea colocado en la “lista negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que evalúa las políticas de sus miembros para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A pesar de que Perú no es miembro del GAFI, forma parte de GAFILAT, su grupo regional, y ha sido evaluado en varias ocasiones. La próxima evaluación en 2029 será crucial, ya que determinará si el país cumple con las recomendaciones del GAFI, incluida la referente a la extinción de dominio.

Desde la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), se ha alertado sobre las posibles consecuencias de una mala calificación en esta evaluación. Ser incluido en la lista negra del GAFI podría resultar en un incremento del riesgo país, encarecimiento de las líneas de crédito y restricciones en las relaciones de corresponsalía. El director gerente de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, enfatiza que esta situación podría ser devastadora para la economía peruana, comparando el riesgo con el de países como Venezuela, que actualmente se encuentran en esa lista.

El impacto económico de esta legislación podría manifestarse de varias maneras. En primer lugar, podría aumentar la incertidumbre para los inversionistas, quienes podrían reconsiderar la posibilidad de canalizar capitales hacia el Perú. En un contexto donde los capitales buscan estabilidad, cualquier señal de riesgo puede desincentivar la inversión, lo que a su vez afectaría el crecimiento económico del país. La presión sobre el tipo de cambio podría ser inmediata, con las tasas de interés elevándose como consecuencia de la reducción en la disponibilidad de dólares.

La preocupación también se extiende al ámbito de las relaciones de corresponsalía bancaria. La falta de un marco legal adecuado para la extinción de dominio podría llevar a los bancos extranjeros a reconsiderar su presencia en el país, buscando mercados más seguros y menos burocráticos. Esto podría resultar en una reducción de la capacidad de las instituciones financieras locales para operar en el ámbito internacional, lo que tendría repercusiones a largo plazo en la economía.

Cabe señalar que desde 2019 hasta diciembre de 2024, se han dictado más de 1,500 sentencias de extinción de dominio, recuperando más de S/560 millones para el tesoro público. La modificación de la ley amenaza con revertir este progreso y permitir que recursos provenientes de actividades ilícitas permanezcan en el circuito económico, dificultando así la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

En resumen, la modificación de la ley de extinción de dominio no solo plantea un dilema jurídico, sino que también presenta un riesgo significativo para la estabilidad económica del país. A medida que el Congreso debate sobre la aprobación definitiva de esta ley, es crucial que las autoridades y legisladores consideren las advertencias de expertos y las posibles implicaciones para el futuro del Perú. En un contexto donde la confianza en las instituciones es fundamental para el desarrollo sostenible, cualquier decisión debe ser tomada con la máxima responsabilidad y visión a largo plazo.