Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La desaparición de dos ciudadanos españoles en Venezuela ha generado una fuerte preocupación tanto en su país de origen como entre sus familiares. Los hombres, originarios de Bilbao, habían sido reportados como desaparecidos el pasado 9 de septiembre por sus allegados ante la Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco. La alarma se encendió cuando sus familiares no pudieron establecer contacto con ellos desde el 2 de septiembre, lo que llevó a las autoridades a investigar su paradero. Desde que se recibió la denuncia, la Ertzaintza movilizó sus recursos para esclarecer la situación. Las primeras gestiones permitieron confirmar que ambos habían sido arrestados en Venezuela. Fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco confirmaron que la investigación se llevó a cabo con rapidez y eficacia, informando a las familias sobre la situación de los detenidos. Sin embargo, se desconoce la naturaleza exacta de los procedimientos seguidos desde entonces, lo que ha dejado a las familias en una incertidumbre dolorosa. A pesar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España fue alertado sobre la situación, no ha emitido comentarios claros al respecto. Las familias, por su parte, no se enteraron de la detención a través de las fuentes oficiales, sino gracias a la información proporcionada por la policía vasca. Este hecho ha generado críticas sobre la falta de comunicación y transparencia en el manejo del caso por parte de las autoridades españolas. Los dos vascos habían estado en Venezuela desde el 17 de agosto, habiendo llegado a Caracas antes de alquilar un vehículo. Su itinerario les llevaba a Puerto Ayacucho, desde donde se trasladaron a Colombia en una lancha el 31 de agosto. Este detalle ha despertado inquietud, dado que no había informes claros sobre su actividad en el país, lo que sugiere que podrían haber estado viajando sin las debidas precauciones. Los familiares han expresado su angustia ante la situación, subrayando que la falta de contacto ha sido devastadora. Las redes sociales se han convertido en una herramienta de denuncia, donde han compartido su preocupación y exigido la intervención de las autoridades españolas para garantizar la seguridad de sus seres queridos. Esta situación pone de relieve no solo la angustia familiar, sino también la complejidad de la situación política y social en Venezuela. En medio de este escenario, el Consulado español en Caracas y la Dirección General de Consulares han afirmado que están en contacto constante con las familias de los detenidos. Sin embargo, las respuestas a las preguntas realizadas por este periódico sobre la gestión del caso han sido escasas, lo que añade más incertidumbre a la situación. El hecho de que los ciudadanos españoles hayan sido arrestados en un país con un historial de violaciones de derechos humanos plantea inquietudes adicionales. Las familias esperan que las autoridades españolas actúen con la urgencia y determinación que la situación exige, y que se garantice la seguridad y el bienestar de los detenidos. La comunidad internacional observa con atención, consciente de que cada caso de detención arbitraria puede tener repercusiones en las relaciones diplomáticas y en la percepción global de la situación en Venezuela. Las esperanzas de que se produzca una resolución favorable dependen de la presión ejercida por el Estado español y de las acciones que tomen las autoridades venezolanas. Mientras los días pasan, la angustia de los familiares se intensifica, y su demanda de respuestas se hace cada vez más urgente. La situación de los dos españoles detenidos no solo afecta a sus seres queridos, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad y el papel del Estado español en la protección de sus ciudadanos en el extranjero.