Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
El clima de inseguridad que ha permeado en el país ha llevado al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, a solicitar con urgencia la convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) por parte del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. En un oficio enviado el pasado 3 de septiembre, Villena pide que se evalúen cambios en las leyes que regulan la lucha contra la criminalidad, poniendo de manifiesto la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva ante la creciente preocupación de la ciudadanía. El documento, al que tuvo acceso El Comercio, detalla un enfoque claro y estructurado sobre los puntos a tratar en esta sesión extraordinaria. En primer lugar, se propone un análisis exhaustivo de las políticas de seguridad ciudadana vigentes. Esta evaluación es fundamental para identificar las áreas donde se ha fallado y donde se pueden implementar mejoras significativas que se adapten a la realidad actual del país. En segundo lugar, Villena enfatiza la importancia de definir nuevas estrategias interinstitucionales para combatir la criminalidad. La lucha contra el delito requiere la cooperación y coordinación de diversas instituciones, desde la policía hasta el sistema judicial, y es crucial que se establezcan mecanismos que faciliten este trabajo conjunto. La falta de cohesión en las estrategias actuales ha sido señalada como una de las principales debilidades en el enfoque de seguridad. Otro aspecto que se destaca en la carta es la necesidad de modificar normativas que faciliten la lucha contra la delincuencia. En este sentido, Villena ha criticado leyes recientes promulgadas por el Poder Ejecutivo, como el Decreto Legislativo 1585, que, según su análisis, limitan las capacidades de los fiscales para solicitar prisiones preventivas y restringen a los jueces a imponer penas efectivas para delitos graves, como la corrupción. Este tipo de restricciones, argumenta, puede mermar la efectividad del sistema judicial en su conjunto. Asimismo, el fiscal interino señala la importancia de escuchar las necesidades de las instituciones que forman parte del sistema de justicia. Este enfoque colaborativo es esencial para identificar las limitaciones y obstáculos que enfrentan en su labor diaria. Al darle voz a estos actores, se puede construir una estrategia más robusta y adaptada a las realidades del contexto. Villena ha manifestado que la situación de inseguridad ciudadana requiere una respuesta urgente y efectiva. La percepción de la población sobre la inseguridad ha ido en aumento, y esto ha generado un clima de desconfianza hacia las instituciones encargadas de velar por la seguridad. La falta de seguridad no solo afecta a los ciudadanos en su vida cotidiana, sino que también impacta negativamente en el desarrollo y la economía del país. El pedido de una reunión extraordinaria del Conasec ya había sido planteado por Villena antes, en declaraciones a la prensa. En esas ocasiones, enfatizó la necesidad de revisar no solo las normativas vigentes, sino también de analizar la jurisprudencia y las estadísticas de criminalidad en el país en los últimos meses. Este enfoque integral es esencial para abordar el problema de manera efectiva. La urgencia de esta convocatoria al Conasec no solo refleja la creciente preocupación de las autoridades sobre la criminalidad, sino también la necesidad de un diálogo constante entre los diferentes sectores involucrados en la lucha por la seguridad. La colaboración y el entendimiento mutuo son pilares fundamentales para construir una estrategia que brinde respuestas efectivas a la ciudadanía. Con esta solicitud, el fiscal de la Nación busca sentar las bases para un enfoque renovado y más dinámico en la lucha contra la inseguridad. La respuesta del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, será crucial para determinar el rumbo de las políticas de seguridad en el país y su capacidad para enfrentar uno de los problemas más apremiantes del contexto actual. La atención de la sociedad está puesta en este proceso, esperando que se tomen decisiones que garanticen un entorno más seguro para todos.