Gobierno de Bukele defiende régimen de excepción en lucha contra el crimen

Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, ha reafirmado la postura del gobierno de Nayib Bukele en cuanto al estado de derecho y la lucha contra el crimen organizado, en el contexto de un régimen de excepción que ha suscitado críticas internacionales. Durante una reciente entrevista con CNN desde Buenos Aires, Villatoro subrayó que la seguridad del país es una prioridad, y que los derechos humanos son también una preocupación para el gobierno, aunque no de la misma manera que para las organizaciones que critican sus políticas.

Desde que se instauró el régimen de excepción en 2022, El Salvador ha experimentado una notable disminución en su tasa de homicidios, pasando de 106,3 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2015 a 2,4 en 2023. Este descenso ha sido utilizado por Bukele como un argumento central en su discurso tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, el costo de esta disminución ha sido la suspensión de varias garantías constitucionales y un aumento en las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Villatoro defendió la continuidad del régimen de excepción, argumentando que es un instrumento necesario para enfrentar el fenómeno de las pandillas que, según él, tiene raíces históricas en la migración de delincuentes a El Salvador desde Estados Unidos. El ministro insistió en que el régimen se mantendrá hasta que se capture al último pandillero que opera en el país, lo que despierta inquietudes sobre el futuro de los derechos civiles en un contexto de seguridad extrema.

En respuesta a las acusaciones de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, Villatoro afirmó que el gobierno está comprometido con el estado de derecho. Reconoció que durante el proceso de detenciones masivas han habido casos de inocentes que han sido arrestados, pero argumentó que el sistema judicial es el encargado de determinar la culpabilidad o inocencia de cada detenido. Esta afirmación ha sido cuestionada por diversos organismos de derechos humanos que sostienen que el debido proceso se ha visto comprometido.

El ministro también destacó que, de más de 82,000 detenciones realizadas, solo se han reportado 115 muertes de personas en situación de detención, lo que, según él, demuestra un control sobre la situación. Sin embargo, informes de organizaciones como Cristosal indican que ha habido al menos 265 muertes en detención desde que se instituyó el régimen de excepción, lo que ha generado preocupación sobre el tratamiento de los detenidos.

En cuanto a la colaboración internacional, Villatoro mencionó reuniones periódicas con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, para intercambiar estrategias y experiencias en la lucha contra el crimen. Esta colaboración incluye el uso de herramientas tecnológicas y enfoques legales que buscan mejorar la eficacia de las fuerzas policiales en ambos países.

El ministro evadió pronunciarse sobre las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que El Salvador enviaba delincuentes a Estados Unidos. Villatoro enfatizó que su enfoque está en mostrar la realidad del país y defender la soberanía salvadoreña.

Además, Villatoro subrayó que el gobierno salvadoreño aspira a convertirse en un modelo de gobernanza en América Latina, en el que la seguridad y los valores familiares sean prioridades. En este sentido, realizó un llamado a la comunidad internacional a reconocer los esfuerzos del país en materia de seguridad, a pesar de las críticas.

La imagen que proyecta el gobierno de Bukele y su enfoque sobre la seguridad continúa generando un intenso debate tanto a nivel local como internacional. Mientras el régimen de excepción se mantiene vigente, las tensiones entre la protección de los derechos humanos y la necesidad de seguridad siguen siendo un tema candente en El Salvador, y la atención mundial permanece fija en cómo el país navegará estos desafíos en el futuro.