Nicaragua aprueba ley que penaliza a empresas por cumplir sanciones internacionales

El reciente movimiento legislativo en Nicaragua ha suscitado una ola de preocupación tanto a nivel nacional como internacional, tras la aprobación de una ley que se dispone a multar y cerrar empresas que apliquen sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Esta normativa, votada por unanimidad en un parlamento dominado por el oficialismo, se presenta como una respuesta del régimen liderado por Daniel Ortega a las crecientes presiones externas que han afectado su gobierno desde el estallido de las protestas en 2018.

El régimen justifica la ley afirmando que busca proteger a los nicaragüenses y sus instituciones de las acciones sancionatorias que, según ellos, son injerencias externas en la soberanía del país. Sin embargo, los analistas advierten sobre las implicaciones negativas que esta medida podría tener en la economía local, especialmente para las entidades bancarias y otras empresas que realizan negocios en Nicaragua y que podrían verse obligadas a decidir entre cumplir con las leyes locales o adherirse a las normativas internacionales.

Manuel Orozco, un analista de Diálogo Interamericano, ha señalado que la nueva ley pone al país en una situación de "alto riesgo financiero". La advertencia es clara: los bancos que opten por aplicar las sanciones internacionales corren el riesgo de enfrentarse a represalias por parte del Tesoro estadounidense. Esto crea un ambiente de incertidumbre que podría disuadir a los inversores extranjeros y afectar gravemente a la economía de un país que ya enfrenta importantes desafíos.

Además, la ley establece que el incumplimiento de la normativa será considerado como “traición a la patria”, un delito que puede llevar a penas de hasta 30 años de prisión. Esta disposición genera un clima de temor y represión, donde las empresas y sus directivos podrían ser penalizados no solo económicamente, sino también con severas condenas penales por actuar en conformidad con las sanciones internacionales.

Desde 2018, las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han crecido en respuesta a las violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno de Ortega. En este contexto, el régimen ha reaccionado buscando reforzar su control sobre la economía y la sociedad nicaragüense, como lo demuestra la reciente reforma constitucional que otorga aún más poder a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, quien ahora ostenta el título de “copresidenta”.

La reforma constitucional ha sido objeto de críticas internacionales, especialmente de un grupo de expertos de la ONU, que han alertado sobre las "nefastas consecuencias" que puede traer este cambio en la Carta Magna. La medida, que afecta a más de un centenar de artículos, parece destinada a consolidar el control del gobierno sobre las instituciones del Estado y a hacer más difícil cualquier intento de oposición.

El diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez defendió la ley afirmando que no hay razón para que las disposiciones de un gobierno extranjero tengan aplicación dentro de Nicaragua. Sin embargo, esta retórica ignora las realidades del contexto internacional y las consecuencias que puede enfrentar el país en términos de relaciones comerciales y diplomáticas.

Mientras tanto, el régimen de Ortega continúa enfrentando presiones externas, como lo demuestran las recientes sanciones impuestas a empresas vinculadas al gobierno y la restricción de visas a miembros de la Policía Nacional nicaragüense, acusados de violaciones a los derechos humanos. Este escenario plantea un dilema para las empresas que operan en Nicaragua, ya que cualquier acción que tomen podría tener repercusiones tanto legales como económicas.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, queda claro que el régimen está dispuesto a ir a la ofensiva contra cualquier forma de resistencia, ya sea a través de la legislación o de la represión. La aprobación de esta ley y la reforma constitucional son reflejos de un gobierno que busca consolidar su poder a toda costa, incluso si eso significa aislar aún más a Nicaragua en el ámbito internacional.

En conclusión, Nicaragua se encuentra en una encrucijada crítica. La nueva legislación no solo profundiza la crisis política y económica del país, sino que también plantea serias interrogantes sobre el futuro de la democracia y los derechos humanos en la nación. La comunidad internacional estará atenta a cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos meses, a medida que las empresas y los ciudadanos nicaragüenses naveguen por un entorno cada vez más hostil.