Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La economía peruana presenta un panorama mixto en sus recientes resultados. Mientras que el año pasado logró recuperarse de una recesión que había causado una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del -0.60% en 2023, y se espera un crecimiento del 3.2% para 2024, el manejo fiscal del Gobierno ha encendido las alarmas entre expertos y exministros de Economía. A pesar de las buenas proyecciones, el alto nivel de gasto del Ejecutivo ha llevado a un déficit fiscal que supera las expectativas, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad de esta trayectoria. El informe del Banco Central de Reserva (BCR) reveló que los gastos del Gobierno habrían superado en un alarmante 3.7% a los ingresos, lo cual es un incumplimiento significativo respecto al compromiso fiscal establecido del 2.8%. De confirmarse un déficit fiscal de -3.7%, este sería el más alto desde 1992, un hecho que no solo afecta la estabilidad económica del país, sino que también podría repercutir negativamente en la calificación de riesgo de Perú ante los ojos de inversionistas internacionales y calificadoras de riesgo. Carlos Oliva, exministro de Economía y presidente del Consejo Fiscal, ha tomado un papel proactivo en la alerta sobre este descontrol fiscal. Al hablar sobre la situación actual, destacó que si bien 2024 ha sido positivo en términos de control de inflación, el déficit es "insostenible" y no muestra signos de mejora a corto plazo. Su declaración refleja la seria preocupación por el camino fiscal que está tomando el Gobierno, que parece no tener la intención de reducir el gasto ni de cumplir con las reglas fiscales estipuladas. Al respecto, Oliva enfatizó que esta "farra fiscal" podría tener consecuencias severas en el futuro, advirtiendo que el gobierno minimiza la situación al celebrar logros que son superficiales, mientras que el problema fiscal se vuelve cada vez más agudo. La falta de incentivos para dejar recursos al próximo gobierno, en un año electoral para la presidencia, podría llevar a decisiones aún más peligrosas en el manejo del gasto público. Por su parte, Luis Miguel Castilla también coincidió en la gravedad del déficit fiscal, señalando que el incumplimiento de las reglas fiscales por segundo año consecutivo pone en riesgo la estabilidad económica. Castilla atribuyó esta situación a la falta de alineación entre el presupuesto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la capacidad real de recaudación del gobierno, un hecho que pone de manifiesto la fragilidad del sistema fiscal. Ismael Benavides, exministro de Economía, compartió estas preocupaciones, advirtiendo que el déficit primario se sitúa cerca del 4%, sumando las deudas y los intereses, lo que lleva el déficit total a casi el 6%. Esto indica que, a pesar de los compromisos de reducir el gasto, la realidad es que este ha incrementado, lo que podría tener un impacto devastador en otros sectores de la economía si no se controla. El actual ministro de Economía, José Arista, ha respondido a estas críticas descalificando al Consejo Fiscal y cuestionando su enfoque. Arista ha subrayado que el déficit debe ser visto como una deuda, independientemente de su posición respecto a las reglas fiscales. Sin embargo, tal postura ha sido vista como un signo de intolerancia y falta de apertura a la crítica, lo que podría generar un clima de tensión entre las distintas instituciones económicas del país. Además de la cuestión del gasto, los especialistas también han señalado la necesidad de fomentar la inversión privada, que ha mostrado un crecimiento ínfimo entre el 3% y el 4%. La falta de estímulos para incrementar la inversión privada es un aspecto que preocupa, pues esta es fundamental para un crecimiento más robusto y sostenido en el tiempo, esencial para el desarrollo del país. Las advertencias de los exministros sirven de recordatorio sobre la fragilidad de las ganancias económicas recientes. En un año electoral, donde los gobiernos tienden a aumentar el gasto en un intento de dejar un legado positivo, la gestión fiscal se torna crucial. ¿Podrá el Gobierno encontrar un balance entre crecimiento y responsabilidad fiscal, o se verá abocado a enfrentar serias consecuencias en un futuro no muy lejano? La respuesta a esta pregunta es fundamental no solo para la estabilidad económica, sino también para la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La lucha contra el descontrol fiscal no es solo una cuestión técnica; es una cuestión de gobernabilidad y responsabilidad hacia el futuro de Perú.