Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
En el marco del XXXV Encuentro Empresarial del Norte, realizado por la Cámara de Comercio de La Libertad, Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa, abordó un tema que se ha vuelto crítico en la región: la minería ilegal. Durante su intervención, De la Flor destacó que este fenómeno no solo representa un reto para la economía local, sino que también plantea graves riesgos sociales y medioambientales. Uno de los aspectos centrales de su análisis fue la ineficacia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), una herramienta que se pretendía utilizar para regularizar la actividad minera en el país. Sin embargo, De la Flor enfatizó que su funcionamiento ha sido cuestionable, puesto que muchos mineros ilegales prefieren permanecer en la informalidad al ver que su proceso de formalización se complica. “La experiencia nos dice que los mineros ilegales no están motivados a formalizarse y continúan beneficiándose de exenciones a la responsabilidad penal”, indicó. El gerente también se refirió a la actual situación del REINFO, que está previsto a expirar a finales de este año. En este sentido, mencionó que hay tres iniciativas en el Congreso que no solo buscan extender el plazo, sino que además pretenden reabrir el registro. “Esto sería un grave error, ya que el REINFO ha demostrado ser disfuncional en el pasado”, advirtió De la Flor, quien puso de relieve la dificultad de distinguir entre minería informal e ilegal en el contexto actual. Otro punto crítico que abordó fue el alarmante bajo porcentaje de mineros que se han formalizado en los últimos siete años, con apenas 2,000 registros aprobados, de los cuales el 73% se encuentran actualmente suspendidos. Esta situación pone de manifiesto la ineficacia de las políticas implementadas hasta ahora. Además, De la Flor alertó sobre el destino del oro ilegal, que mayoritariamente se dirige a países como Emiratos Árabes Unidos e India, donde los sistemas de debida diligencia y trazabilidad son deficientes. La Libertad se ha consolidado como la principal región productora de oro en Perú, generando casi el 34% de la producción total del país. Sin embargo, la minería ilegal está vinculada a un 40% de las exportaciones de oro, lo que equivale a un valor de entre 4 mil y 5 mil millones de dólares anuales. Este panorama se ha agravado en el último año debido al aumento de los precios del oro en el mercado internacional, lo que ha incentivado aún más la actividad ilegal. De la Flor también hizo un llamado a la acción, enfatizando la necesidad de un liderazgo firme y coordinado por parte del Estado en la lucha contra la minería ilegal. Según su análisis, esta actividad se ha convertido en la mayor economía ilícita del país, superando incluso al narcotráfico. “Es esencial que el Estado asuma un compromiso consistente y coordinado. Actualmente, no hay claridad en las intervenciones de los diferentes entes públicos, como la policía y el Poder Judicial”, enfatizó. En su conferencia titulada “Riesgos y desafíos de la minería ilegal en el Perú”, De la Flor destacó que resulta indispensable contar con un marco regulatorio claro y eficaz que fomente un entorno de inversión seguro y sostenible en el país. La falta de un sistema sólido para regular la minería ha llevado a la proliferación de actividades ilegales, que no solo amenazan la economía, sino también el tejido social y ambiental de la región. Durante el encuentro, se hizo hincapié en la importancia de establecer políticas públicas que vayan más allá de la simple regulación, promoviendo un diálogo cimentado entre el gobierno, las empresas y las comunidades locales. Solo a través de una colaboración efectiva se podría avanzar hacia una formalización real y sostenible que beneficie a todos los actores involucrados. El desafío que enfrenta La Libertad es significativo, y la voz de líderes como Pablo de la Flor es crucial para visibilizar la problemática. La solución a la minería ilegal no solo requiere de medidas punitivas, sino también de estrategias integrales que contemplen el desarrollo económico y social de la población que actualmente depende de esta actividad. Sin un compromiso claro y acciones concretas, el riesgo de que la minería ilegal siga prosperando será considerablemente alto.