Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Ecuador enfrenta una de las crisis de seguridad más desafiantes en su historia reciente, y la reciente declaración de estado de excepción en Quito y otras ocho jurisdicciones refleja la urgencia y gravedad de la situación. La medida fue anunciada por el presidente Daniel Noboa en un contexto de creciente violencia atribuida a grupos armados organizados, que han intensificado su actividad en el país, especialmente en el ámbito del narcotráfico. El decreto de estado de excepción abarca provincias clave como Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro, así como el cantón de Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Sin embargo, lo que ha captado la atención en esta ocasión es la inclusión de Quito, la capital, que ha sido testigo de un alarmante incremento en la criminalidad. La decisión de incluir a la urbe capitalina es un claro indicador de que la violencia ha penetrado en el corazón del país, desafiando la percepción de seguridad que alguna vez se tuvo. Las cifras son preocupantes. Un informe de la Policía Nacional da cuenta de un aumento significativo en los homicidios, con un total de 500 muertes violentas registradas desde enero de 2024. Entre estos, se destacan los dobles y triples asesinatos, así como eventos en los que se han contabilizado hasta diez víctimas en un solo ataque. Esta ola de violencia no solo revela la brutalidad de los grupos delictivos, sino que también pone de manifiesto una estrategia de terror que busca desestabilizar a la sociedad y desafiar a las autoridades. El estado de excepción se acompaña de un toque de queda que restringe la libertad de movimiento en 20 zonas consideradas de alto riesgo. Esta medida, que estará en vigor desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., busca limitar la movilidad durante las horas en que los actos delictivos suelen ser más frecuentes. El gobierno argumenta que esta restricción es esencial para recuperar el control de las áreas más afectadas por la delincuencia. La suspensión temporal de algunos derechos constitucionales, como la libertad de reunión y asociación, es otra de las medidas incluidas en el decreto. Esta acción busca facilitar la labor de las fuerzas de seguridad, que tendrán autorización para emplear la fuerza de manera extraordinaria y complementaria a sus funciones civiles. Esto ha generado un debate sobre los límites de la intervención estatal y la protección de los derechos humanos en un contexto de emergencia. La crisis de seguridad en Ecuador no solo está relacionada con el narcotráfico, sino que también se ha visto agravada por la violencia en las prisiones. Informes recientes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) revelan la infiltración de armas y explosivos en los centros penitenciarios, así como la conexión entre las actividades delictivas dentro de las cárceles y los crímenes cometidos en las calles. Esta situación plantea preguntas sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera de las prisiones. La comunidad internacional ha comenzado a prestar atención a la situación en Ecuador, un país que ha transitado de ser un simple punto de paso para las drogas a convertirse en un actor clave en el narcotráfico global. La complejidad de este fenómeno delictivo requiere una respuesta integral que no solo aborde el uso de la fuerza, sino que también busque estrategias de prevención y rehabilitación para desarticular las redes criminales. El gobierno de Noboa ha señalado que la duración del estado de excepción será de 60 días, aunque existe la posibilidad de una prórroga de 30 días adicionales si la situación lo requiere. Esto refleja la naturaleza cambiante de la crisis de seguridad y la necesidad de flexibilidad en las respuestas gubernamentales. Mientras tanto, la población ecuatoriana vive en un estado de angustia e incertidumbre, esperando que estas medidas sean efectivas para revertir la tendencia de violencia que ha marcado el país en los últimos tiempos. La implementación de un estado de excepción en una nación que busca consolidar su democracia y seguridad es un recordatorio de los desafíos que enfrenta Ecuador en su lucha contra el crimen organizado y la violencia. La comunidad anhela una solución que no solo aborde las manifestaciones inmediatas de la violencia, sino que también busque las raíces del problema para construir un futuro más seguro y estable.