Después de APEC: Perú enfrenta desafíos para atraer inversión privada y crecer

Después de APEC: Perú enfrenta desafíos para atraer inversión privada y crecer

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Juan Brignardello, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

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Política 16.11.2024

El reciente evento del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) ha dejado a muchos peruanos preguntándose: ¿y después de APEC, qué? La necesidad de atraer inversión privada es, sin lugar a dudas, uno de los enfoques más cruciales para el desarrollo económico del país. Con más del 70% de la población empleada en el sector informal y un crecimiento económico que apenas logra despegar, el Perú se encuentra en una encrucijada en la que el crecimiento no es el único objetivo, pero sí es un requisito esencial para generar empleo formal.


Sin embargo, tras las ceremonias y los reconocimientos de APEC, la pregunta persiste: ¿es el Perú verdaderamente un país atractivo para la inversión privada? Un examen de la situación actual revela un escenario preocupante en el que el Gobierno, el Congreso y otros poderes del Estado parecen más preocupados por sus agendas políticas que por crear un ambiente propicio para la inversión. La proverbial montaña tiene que ir hacia Mahoma; es decir, el país debe ofrecer condiciones favorables en lugar de esperar que los inversionistas vengan por inercia.


El Congreso, en su afán de aprobar medidas que generan gasto público, ha caído en una trampa de incoherencia. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo que permite gastar en el futuro, pero no en el presente. Esto plantea una interrogante fundamental: ¿cómo pueden las empresas y los ciudadanos mantener la disciplina fiscal bajo una regla tan contradictoria? La respuesta parece ser que no pueden, y esto solo perpetúa un ciclo de ineficiencia que aleja a los inversionistas.


La situación se complica aún más cuando se considera la intención del Ejecutivo de solicitar préstamos al Banco de la Nación para adquirir aviones, incluida una aeronave presidencial. En un contexto en el que la credibilidad de las instituciones está en entredicho, este tipo de decisiones se perciben como un derroche de recursos. Además, es difícil imaginar que el Congreso apruebe los viajes para el nuevo avión presidencial dada la polarización política que impera.


Los gobiernos locales también han demostrado ser un obstáculo para la inversión, a menudo imponiendo requisitos y trabas que desalientan a las empresas. La descentralización, en lugar de fortalecer las economías regionales, ha creado un laberinto burocrático que merece una revisión profunda. La inversión pública, por su parte, no solo sufre de un bajo índice de ejecución, sino que muchos proyectos quedan inconclusos, lo que impide el cierre de brechas críticas en infraestructura.


En medio de este desorden, el Congreso legisla sin tomar en cuenta las recomendaciones de las instituciones técnicas más relevantes, como el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta falta de respeto por el conocimiento técnico solo agrava la crisis de gobernabilidad y la incapacidad para implementar políticas efectivas.


La inseguridad ciudadana se ha convertido en otro tema candente. La falta de una estrategia clara por parte del Gobierno ha llevado a medidas que son más reactivas que proactivas. La reciente reunión del Consejo de Estado ha llegado demasiado tarde y ha ofrecido soluciones parciales que no abordan el problema de fondo. La liberación de los detenidos por fiscales y jueces plantea un problema mayor: se carece de entendimiento sobre las causas detrás de estas decisiones judiciales.


El Poder Judicial y la Fiscalía son pilares fundamentales en el marco institucional que el Perú necesita para avanzar. Sin embargo, la renovación de la Junta Nacional de Justicia está marcada por cuestionamientos que parecen más una lucha de egos que un esfuerzo por garantizar la calidad y la ética en el sistema judicial. La falta de atención a la selección de los mejores candidatos solo perpetúa la mediocridad en la justicia.


La política en el país ha caído en un ciclo de ambiciones personales en lugar de estar guiada por visiones colectivas. La dispersión política y el poder de las economías ilegales crean un ambiente tóxico. En tiempos en que se requieren decisiones valientes y unidas, el país se encuentra atrapado en disputas de menor importancia.


El futuro del Perú depende de su capacidad para transformar estas ambiciones en visiones que generen oportunidades para todos. Solo entonces podrá el país salir de esta encrucijada y atraer la inversión privada que tanto necesita. De lo contrario, la pregunta que surge tras APEC se convertiría en un eco vacío en la historia de un país que tuvo la oportunidad de brillar y se quedó en la penumbra de la desconfianza y la ineficiencia.

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