Boluarte defiende a Adrianzén ante moción de censura tras masacre en Pataz

Durante una reciente conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte se mostró enérgicamente en contra de la moción de censura que se está preparando en el Congreso contra su primer ministro, Gustavo Adrianzén, tras la masacre de 13 mineros en Pataz. Este trágico suceso, resultado de un creciente índice de inseguridad y criminalidad en la región, ha desatado críticas hacia el gobierno, lo que ha llevado a la oposición a buscar la destitución de Adrianzén, a quien Boluarte defendió vehementemente.

Boluarte hizo un llamado a los congresistas, cuestionando la eficacia de las censuras en la resolución de los problemas de seguridad. "Hace poco censuraron al ministro del Interior, al ministro Santiváñez, ¿con su salida se solucionó el problema de la inseguridad ciudadana?", planteó la mandataria. Con estas palabras, buscó deslegitimar el argumento de quienes piden la renuncia de Adrianzén, sugiriendo que el cambio de ministros no es la solución mágica que esperan.

En su discurso, Boluarte enfatizó que la situación en Pataz es compleja y no se resolvería con la destitución de un solo funcionario. "Cuando sale un ministro e ingresa otra persona, por más que tenga conocimiento de cómo funciona el ministerio por dentro, toma semanas, meses, afianzar el trabajo", explicó. Este comentario refleja la percepción de la presidenta sobre la necesidad de continuidad en la gestión pública, especialmente en tiempos de crisis.

Sin embargo, la defensa de la presidenta se produce en un contexto donde la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, y la masacre en Pataz ha puesto de relieve las fallas del gobierno en su deber de proteger a sus ciudadanos. La oposición y la ciudadanía demandan respuestas contundentes y acciones efectivas, en lugar de justificaciones sobre la dificultad de implementar cambios en el gabinete.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha estado en el ojo de la tormenta desde que se conoció la noticia de los asesinatos. En su última aparición pública, Adrianzén pareció restar importancia a las denuncias sobre el secuestro de los mineros, lo que ha incrementado las críticas en su contra. Esta falta de sensibilidad ante la tragedia ha contribuido a la presión política para su destitución, haciendo que la defensa de Boluarte parezca aún más insostenible para algunos sectores.

Dina Boluarte también hizo un llamado a no politizar la situación en Pataz, a pesar de que su gobierno ha utilizado hechos de violencia en el pasado para promover propuestas como la pena de muerte o leyes relacionadas con el terrorismo urbano. Su actual reclamo de evitar el uso político de la tragedia contradice su propio historial de aprovechar la retórica de la seguridad para ganar apoyo popular.

El estado de emergencia declarado en Pataz es un indicativo de la gravedad de la situación, y si bien la presidenta sugiere que el cambio de ministros no es la respuesta, la ciudadanía espera acciones concretas y efectivas que vayan más allá de la retórica. La defensa de Boluarte a Adrianzén podría ser vista como una falta de reconocimiento de la realidad violenta que enfrentan muchos ciudadanos en el país.

Con las elecciones a la vista, la presidenta ha instado a que el debate político no se centre en ataques personales al Ejecutivo, sino en propuestas concretas para abordar los problemas que afectan al país. Sin embargo, esta postura puede ser vista como una estrategia para desviar la atención de la creciente insatisfacción popular y las fallas del gobierno en el manejo de la seguridad.

El caso de Pataz ha resonado en todo el país, revelando no solo la crisis de seguridad, sino también la crisis de confianza en las instituciones que deberían garantizar la protección de la ciudadanía. A medida que avanza la discusión sobre la moción de censura, queda por ver cómo responderá el Congreso y si la presión pública será suficiente para generar cambios significativos en la gestión de la seguridad en Perú.