Boluarte enfrenta la delincuencia y plantea nuevas políticas migratorias en Perú

En una reciente conferencia de prensa, la presidenta peruana Dina Boluarte abordó el creciente problema de la delincuencia en el país, relacionándolo directamente con la llegada de migrantes venezolanos. Boluarte no solo realizó un balance de su gestión, sino que también dejó en claro su postura en contra de la criminalidad, enfatizando su intención de expulsar a los delincuentes extranjeros del territorio nacional. Esta declaración ha suscitado un intenso debate sobre la migración, la seguridad y las políticas públicas en Perú.

Al referirse a la situación de la seguridad ciudadana, Boluarte subrayó que la ola de delincuencia y sicariato que afecta a Perú es, en parte, consecuencia de la masiva migración de venezolanos. Argumentó que la llegada de estos migrantes sin un control adecuado ha facilitado la actividad delictiva en el país. "A los delincuentes extranjeros que están en nuestro país, a ellos les decimos, los botaremos del territorio nacional", afirmó con firmeza, dejando claro que no se tolerará la presencia de criminales en Perú.

La mandataria también reportó que durante su gobierno se han desactivado alrededor de 78 bandas criminales y se han capturado más de 1,800 delincuentes, incluyendo aquellos que estaban requisitoriados por la justicia. Sin embargo, Boluarte hizo un llamado urgente al sistema judicial, demandando que los delincuentes que son detenidos no sean liberados. “No pueden caminar en libertad aquellos delincuentes que la policía captura”, enfatizó, aludiendo a la necesidad de cerrar los caminos de impunidad que han facilitado la reincidencia criminal.

En un momento de la conferencia, Boluarte se refirió a la responsabilidad de los gobiernos anteriores en la apertura de las fronteras peruanas, lo que permitió la entrada masiva de migrantes venezolanos sin un control adecuado. “Este tema de la delincuencia no es de ahora”, dijo, apuntando a sus predecesores como responsables de una política migratoria laxa que, según su perspectiva, ha contribuido a la inseguridad actual.

Ante la persistente crisis de seguridad, la presidenta anunció un cambio en las políticas migratorias que afectarán a los ciudadanos venezolanos. Boluarte propuso implementar nuevas condiciones para quien pretenda ingresar al país, incluyendo la presentación de contratos de trabajo y comprobantes de alquiler. Además, indicó que se hará un seguimiento más riguroso de las remesas que se envían al extranjero, con el objetivo de monitorear las fuentes de ingresos de los migrantes.

Las declaraciones de Boluarte han generado reacciones diversas en la opinión pública. Por un lado, muchos apoyan su firmeza ante la delincuencia y su intención de proteger la seguridad nacional. Por otro lado, críticos advierten sobre el riesgo de estigmatizar a una población vulnerable que ha huido de la crisis en su país de origen. La compleja situación de los migrantes venezolanos, quienes a menudo llegan a Perú buscando mejores oportunidades, merece un enfoque equilibrado que no sacrifique los derechos humanos en nombre de la seguridad.

La presidenta también destacó el éxodo de más de 9 millones de venezolanos que han abandonado su país debido a la crisis humanitaria y política que atraviesa. Su referencia a este contexto, aunque no explícitamente, busca recordar a la población peruana que la situación de los migrantes es consecuencia de factores externos que escapan al control de los mismos.

El enfoque de Boluarte respecto a la seguridad y la migración plantea la necesidad de un debate más profundo sobre cómo manejar la llegada de migrantes en un contexto de creciente inseguridad. Muchos opinan que, en lugar de tomar medidas drásticas, se deberían buscar soluciones integrales que incluyan la colaboración internacional y el fortalecimiento de los programas de integración social y laboral.

Finalmente, la situación demuestra que la migración y la seguridad son temas interrelacionados que requieren de una gestión cuidadosa y humana, que contemple tanto la necesidad de proteger a la ciudadanía peruana como el respeto a los derechos de quienes buscan refugio y oportunidades. La respuesta del gobierno de Boluarte será observada con atención, no solo por sus efectos inmediatos en la seguridad ciudadana, sino también por las implicaciones a largo plazo en la convivencia social y la cohesión nacional.