Reestructuración del gabinete de Boluarte genera críticas y desconfianza en el país

La reciente reestructuración del gabinete de la presidenta Dina Boluarte ha generado un amplio debate en la opinión pública y en el ámbito político del país. Ayer, Boluarte decidió remover a cuatro ministros, un movimiento que, aunque significativo en número, ha sido considerado insuficiente por muchos analistas debido a la permanencia de figuras altamente cuestionadas en su administración. Entre los ministros destituidos se encuentran Hania Pérez de Cuéllar, Leslie Urteaga y Elizabeth Galdo, quienes fueron reemplazados por nuevos titulares, mientras que la figura del excanciller Javier González Olaechea se despidió de su cargo de manera abrupta, lo que ha suscitado interrogantes sobre las razones detrás de su salida.

Los cambios más notables incluyen el ingreso de Durich Whittembury, Valencia Gibaja y Ursula León, en los ministerios de Vivienda, Cultura y Comercio Exterior, respectivamente. Sin embargo, la notable ausencia de un cambio en los ministerios más cuestionados ha dejado a muchos peruanos con una sensación de desconfianza en la capacidad de la presidenta para llevar a cabo un gobierno más transparente y eficaz. El mantenimiento en el cargo de José Santiváñez, actual ministro del Interior, ha sido particularmente polémico, dado que ha estado en el centro de varios escándalos relacionados con su gestión, que incluyen audios comprometedores que lo vinculan a presuntas irregularidades.

Las críticas hacia Santiváñez se han intensificado, especialmente tras la revelación de audios donde se discuten acciones que podrían interpretarse como intentos de encubrimiento. Su decisión de denunciar a periodistas que han difundido estos audios ha generado una reacción adversa de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que ha cuestionado su postura, argumentando que atenta contra la libertad de expresión y el trabajo de la prensa. La defensa que hace Boluarte de Santiváñez ha levantado más dudas sobre su capacidad para mantener un gabinete que responda a las demandas de transparencia y rendición de cuentas del pueblo peruano.

Por otro lado, la situación del ministro de Salud, César Vásquez, se complica aún más tras las críticas del Colegio Médico del Perú, que han pedido su destitución debido a una gestión considerada ineficaz. A pesar de esto, Boluarte ha decidido mantenerlo en su cargo, lo que ha desatado cuestionamientos sobre las prioridades de su gobierno y su disposición a enfrentar la crisis del sector salud que ha afectado al país en los últimos años. Las voces de oposición y los ciudadanos comparten un sentimiento de descontento que podría repercutir en la imagen de la presidenta en un contexto donde la aprobación de su gestión se encuentra en niveles críticos.

La continuidad de ministros cuya gestión ha sido objeto de disenso parece ser un patrón en la administración de Boluarte, que hasta la fecha ha realizado un total de 57 cambios ministeriales desde que asumió el cargo. Este ir y venir de funcionarios ha generado un clima de inestabilidad política y un cuestionamiento constante de la capacidad de la presidenta para gobernar de manera efectiva. La permanencia de ministros en posiciones clave, a pesar de su cuestionada trayectoria, sugiere que Boluarte podría estar priorizando la lealtad política sobre la competencia y la necesidad de un cambio real en la gestión del país.

Para la analista política Daniela Ibáñez de la Puente, estos cambios recientes, aunque relevantes, no son suficientes. En su opinión, el hecho de que se mantenga a Santiváñez y Vásquez en sus respectivos ministerios es un indicativo de que el gobierno no está dispuesto a hacer una reforma profunda que responda a las demandas de la ciudadanía y que busque mejorar la eficiencia del Estado. La falta de explicaciones claras sobre los cambios realizados también alimenta la percepción de que la gestión de Boluarte carece de transparencia.

La salida de González Olaechea, un ministro con cierta aceptación, podría ser vista como una oportunidad perdida para Boluarte, quien debería considerar cómo sus decisiones afectan la percepción pública de su administración. Durante su gestión, González Olaechea había logrado ganar la aprobación de un porcentaje significativo de la población, lo que hace aún más inquietante su abrupto reemplazo justo antes de un evento internacional crucial como la APEC, donde Perú asumirá la presidencia por tercera vez.

En este contexto, las expectativas de la ciudadanía sobre el futuro del gabinete son cada vez más inciertas. La combinación de destituciones y la permanencia de figuras controvertidas en el poder sugiere una falta de dirección clara en el liderazgo de Boluarte. A medida que el país se enfrenta a desafíos crecientes en diversos frentes, desde la salud pública hasta la seguridad, la presencia de ministros cuestionados podría obstaculizar los esfuerzos del gobierno para recuperar la confianza del pueblo.

El futuro de la administración de Dina Boluarte depende de su capacidad para abordar estos problemas de manera efectiva y para escuchar las demandas de una población cansada de la inestabilidad política. La insistencia en mantener ministros que han sido objeto de críticas podría resultar contraproducente en un país que busca un cambio genuino y una administración que responda a sus necesidades. Con una sociedad cada vez más exigente y atenta a la gestión del gobierno, la presidenta tiene ante sí el desafío de transformar su gabinete en una verdadera herramienta de cambio, o arriesgarse a ser vista como parte del problema, en lugar de la solución.