En riesgo 5,500 casos que investiga el MP: Irían al archivo si Congreso cambia Ley de Extinción de Dominio

En las últimas semanas, la controversia en torno a la Ley de Extinción de Dominio ha alcanzado un nuevo pico, con la posibilidad de que más de 5,500 casos investigados por el Ministerio Público se vean en riesgo de archivarse si el Congreso de la República decide modificar la normativa vigente. En la última conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el Ejecutivo reafirmó su postura de mantener la ley tal como está, mientras que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, hizo un llamado al Congreso para reflexionar sobre los cambios propuestos.

El clamor del titular del Minjusdh se une a las voces de otros altos funcionarios del sistema judicial, como la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quienes han expresado su preocupación por el impacto que tendría la modificación de la ley en la lucha contra la corrupción y la criminalidad. El Tribunal Constitucional, por su parte, dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo en relación a esta legislación, lo que añade una capa adicional de incertidumbre al futuro legal de la extinción de dominio.

La Ley de Extinción de Dominio permite al Estado incautar bienes adquiridos de manera ilícita, asegurando que los criminales no se beneficien de los productos de sus delitos. Sin embargo, la reciente aprobación del Proyecto de Ley N.° 3577/2022-CR ha suscitado preocupaciones, dado que propone restricciones significativas al proceso de extinción de dominio. Entre las modificaciones más controversiales se encuentra la posibilidad de que no se inicie un proceso de extinción de dominio sin una sentencia condenatoria firme, lo que afectaría gravemente la capacidad del Estado para recuperar bienes relacionados con investigaciones aún no concluidas.

Los expertos en derecho penal han criticado estas modificaciones, argumentando que, si bien busca proteger derechos de propiedad, podría en realidad facilitar el camino para que criminales mantengan sus bienes. Carlos Caro, abogado especialista en Derecho Penal, sostiene que esta propuesta legislativa retrocedería el avance en la lucha contra el crimen, permitiendo a personas investigadas argumentar en su defensa la falta de una condena previa. Este panorama podría resultar en un archivamiento masivo de casos, dejando al Estado sin las herramientas necesarias para combatir la corrupción.

Asimismo, la omisión de ciertos delitos, como el lavado de activos y la corrupción de funcionarios, en el nuevo marco normativo ha generado suspicacias. Algunos abogados penalistas han señalado que esta falta podría ser interpretada como un intento de proteger a individuos específicos que están bajo investigación, lo que añade más tensión al debate. La incomprensible exclusión de estos delitos ha sido calificada como “curiosa”, especialmente considerando que son los más comunes en investigaciones de funcionarios públicos.

Los efectos de la modificación, según expertos, serían inmediatos. Muchos procesos de extinción de dominio que están en curso podrían cerrarse, dado que la nueva ley exigiría una condena firme para que continúen. La posibilidad de un archivamiento masivo de casos que involucran delitos graves se ha convertido en una preocupación central para quienes luchan contra la impunidad.

En este contexto, la comunidad jurídica espera la decisión del Tribunal Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo. El resultado de esta demanda podría tener repercusiones significativas en el futuro de la Ley de Extinción de Dominio y, por extensión, en la lucha contra la corrupción en el país. Si la ley es declarada inconstitucional, las implicaciones para la normativa vigente podrían ser de gran alcance.

Por otro lado, en caso de que el Congreso apruebe la modificación tal como está, existen posibilidades de que se inicie un proceso de inconstitucionalidad contra la nueva ley. Los expertos advierten que en situaciones donde se detecte inconstitucionalidad, los jueces penales podrían invocar un control difuso, atendiendo a cada caso concreto, lo que podría generar una situación caótica en la aplicación de la ley.

La situación plantea un dilema crítico: por un lado, la necesidad de recuperar bienes ilícitos para desmantelar organizaciones criminales y, por otro, la garantía de derechos fundamentales para quienes podrían ser injustamente afectados. El debate sobre la Ley de Extinción de Dominio no solo es un asunto legal, sino también ético y político, que toca la esencia misma de la justicia en el país.

Mientras tanto, la población sigue observando con atención cómo se desarrollan estos acontecimientos, conscientes de que las decisiones que se tomen en el Congreso y en el Tribunal Constitucional serán determinantes para el futuro de la lucha contra la corrupción y la criminalidad en Perú. La esperanza de que la justicia prevalezca en medio de este mar de incertidumbre es la constante que mantiene viva la lucha de muchos peruanos que claman por un cambio real en el sistema y la erradicación de la corrupción.