Detenciones en Nicaragua generan alarmas sobre derechos humanos y libertad de prensa

Este fin de semana, Nicaragua ha sido escenario de una serie de detenciones que han desatado una ola de críticas y alarmas sobre la situación de los derechos humanos en el país. Al menos 11 personas han sido arrestadas por el régimen de Daniel Ortega, en un contexto de creciente represión tras la reciente aprobación de una reforma constitucional que ha sido calificada como una medida autoritaria y arbitraria. Entre los detenidos se encuentra Leo Catalino Cárcamo Herrera, un periodista retirado, cuya salud delicada ha suscitado preocupaciones entre sus familiares y defensores de derechos humanos.

La detención de Cárcamo, un hombre de edad avanzada con múltiples enfermedades crónicas, se produjo en su hogar en La Paz Centro, donde patrullas policiales lo llevaron a eso de las 9 de la mañana. El periodista ya había sido arrestado anteriormente en enero de 2019, en un incidente que, aunque breve, evidenció la creciente presión sobre la libertad de expresión en el país. Sin embargo, esta vez la situación parece ser más grave, dado que sus familiares han optado por mantener silencio absoluto sobre su arresto, lo que podría reflejar un temor a represalias.

La organización Alertas Libertad de Prensa Nicaragua, que ha estado monitoreando la situación de los derechos humanos en el país, confirmó la detención de Cárcamo y otros ciudadanos críticos, enfatizando que las voces informativas se están extinguiendo en Nicaragua. Entre los otros arrestados se encuentra Arnoldo Toruño, un médico jubilado y ex catedrático, conocido por sus opiniones críticas hacia el régimen. La salud de ambos detenidos es una preocupación principal para sus familias, en un contexto donde el acceso a cuidados médicos adecuados para prisioneros es a menudo limitado.

Este aumento en la represión se produce en medio de la controversial reforma constitucional que fue aprobada en primera instancia por la Asamblea Nacional, dominada por el partido oficialista. Esta reforma, que busca otorgar al régimen un control absoluto sobre los poderes del Estado, ha sido denunciada por críticos como un intento de instaurar un régimen de partido único, similar al modelo cubano. La reestructuración plantea la posibilidad de una sucesión dinástica, legitimando así el poder de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en un contexto de creciente autoritarismo.

Desde que se presentó la propuesta de reforma, el rechazo ha sido contundente, tanto a nivel nacional como internacional. Opositores, así como organismos internacionales como la OEA y el gobierno de Estados Unidos, han manifestado su preocupación por la consolidación del régimen y la erosión de la democracia en Nicaragua. La enmienda busca redefinir al Estado como “revolucionario” y legitimar la apatridia, lo que ha llevado a muchos a calificarla de “constitucionalización del totalitarismo”.

Las reacciones a estas detenciones han sido diversas, pero la preocupación generalizada por la situación de los derechos humanos en el país es palpable. La comunidad internacional ha llamado a la liberación inmediata de los detenidos y ha instado al régimen a respetar la libertad de expresión y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, hasta el momento, el régimen ha mantenido su silencio habitual ante las críticas y denuncias.

Los medios de comunicación independientes en Nicaragua, como 100 % Noticias, han enfrentado una represión creciente, siendo objeto de amenazas y acosos por parte del Estado. La situación de Cárcamo y otros detenidos pone de manifiesto el riesgo que enfrentan aquellos que se atreven a expresar sus opiniones en un entorno tan hostil. La falta de una respuesta oficial del régimen a estas detenciones refuerza la percepción de un gobierno que busca silenciar cualquier forma de disidencia.

Mientras tanto, la sociedad civil nicaragüense continúa luchando por sus derechos, a pesar de la represión. Activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos están trabajando incansablemente para documentar los abusos y presionar a la comunidad internacional para que actúe en defensa de los derechos de los nicaragüenses. La situación es crítica, y el futuro de la democracia en Nicaragua pende de un hilo, mientras el régimen de Ortega busca afianzar su control a través de reformas constitucionales y la represión de voces disidentes.

En este contexto, la lucha por la libertad de prensa y los derechos humanos en Nicaragua se ha vuelto más urgente que nunca. Con la aprobación de reformas que consolidan el autoritarismo y las detenciones arbitrarias de ciudadanos críticos, el camino hacia la recuperación de la democracia parece cada vez más distante. Es vital que la comunidad internacional no se desentienda de lo que ocurre en el país y que continúe exigiendo rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos, así como la liberación inmediata de los detenidos. La historia de Nicaragua sigue escribiéndose, y el tiempo dirá si sus ciudadanos podrán recuperar su voz y su libertad.