
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




La propuesta de inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) planteada por el Congreso de la República en Perú ha generado controversia y preocupación en el ámbito político y judicial del país. Según información proporcionada, de llevarse a cabo esta medida, se enfrentaría un obstáculo en cuanto a la asunción de los suplentes, ya que tres de los siete designados superan la edad límite de 75 años para ocupar el cargo.
Esta situación ha encendido las alarmas sobre la viabilidad de alcanzar el quórum requerido para el correcto funcionamiento de la JNJ en caso de que se proceda con la inhabilitación de los miembros actuales. La designación de suplentes es crucial para mantener la estabilidad y continuidad de esta institución encargada de la selección y destitución de jueces y fiscales en el país.
Aldo Vásquez, coordinador del Comité Técnico de Implementación de la JNJ, explicó que si se excluye a los miembros en funciones y se busca la asunción de los suplentes, se encontraría un problema legal debido a la edad de algunos de ellos. Específicamente, tres de los designados suplentes superan el límite establecido por la legislación peruana, lo que impediría su ingreso efectivo a la Junta.
Esta situación plantea un escenario incierto y complejo para la JNJ, ya que la presencia de los suplentes es fundamental para garantizar la representatividad y funcionamiento adecuado de este organismo, el cual es clave en el sistema de justicia del país. Ante esta realidad, surge la interrogante sobre cuál sería el camino a seguir en caso de que se concrete la propuesta de inhabilitación de los actuales miembros.
El debate en torno a la independencia y autonomía de la JNJ ha estado presente desde su creación, y esta nueva situación agrega un elemento más a la discusión en torno a la estabilidad y legitimidad de esta institución en Perú. La sociedad civil, los sectores políticos y los actores judiciales estarán atentos a los siguientes pasos que se adopten en relación a este tema tan sensible y crucial para el sistema de justicia del país.
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