Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
El nuevo decreto de estado de excepción en Ecuador, emitido por el presidente Daniel Noboa, representa un intento más por parte del gobierno de contener la creciente ola de violencia y desestabilización que ha afectado al país en los últimos años. Este es el cuarto decreto que el mandatario pone en marcha, una medida que se ha vuelto recurrente en su administración y que plantea importantes interrogantes sobre el contexto de seguridad en el que se encuentra el país. La duración del estado de excepción será de 60 días y se concentrará en seis provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro, así como en el cantón Ponce Enríquez en Azuay y el Distrito Metropolitano de Quito, en Pichincha. Este enfoque focalizado busca canalizar esfuerzos en las áreas más críticas, donde la violencia generada por bandas criminales ha alcanzado niveles alarmantes. El gobierno ha justificado la declaración del estado de excepción argumentando la necesidad de “fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional” para hacer frente a lo que se ha descrito como una “grave conmoción interna” y un “conflicto interno armado”. Esta retórica sugiere que el gobierno se siente acorralado por una situación que ha excedido las capacidades de las instituciones de seguridad tradicionales. Uno de los elementos más controvertidos de este decreto es la implementación de un toque de queda, que restringe la libertad de tránsito entre las 10 p.m. y las 5 a.m. en varios cantones. Las autoridades esperan que esta medida, que busca disuadir actividades delictivas bajo la cobertura de la oscuridad, contribuya a restaurar el orden y la seguridad en las zonas más afectadas. Sin embargo, la efectividad de tales restricciones ha sido objeto de debate en el pasado, y muchos se preguntan si esta estrategia realmente abordará las raíces del problema. Desde enero, cuando Noboa decretó el estado de conflicto interno armado, la situación de inseguridad en Ecuador ha ido en constante deterioro, impulsada por la violencia de grupos organizados que luchan por el control del narcotráfico. Este contexto no solo ha impactado a las comunidades locales, sino que también ha generado una creciente preocupación a nivel internacional sobre la capacidad del gobierno ecuatoriano para manejar la crisis. Las críticas a este enfoque han surgido desde diversos sectores de la sociedad. Algunos argumentan que las medidas de excepción pueden ser contraproducentes, llevando a un aumento de la represión y a violaciones de derechos humanos. En un país donde la confianza en las instituciones se ha visto erosionada, muchos temen que una mayor militarización de la seguridad pública no sea la solución, sino un agravante de los problemas existentes. Mientras tanto, la ciudadanía continúa viviendo en un estado de incertidumbre y miedo. Las comunidades más afectadas por la violencia se encuentran atrapadas entre el deseo de seguridad y la realidad de un estado que, por momentos, parece perder el control. Las voces de protesta y preocupación son cada vez más evidentes, y la demanda por soluciones sostenibles y estrategias de seguridad más inclusivas se vuelve urgente. En este contexto, el gobierno de Noboa se enfrenta a un complicado dilema: cómo equilibrar la necesidad de seguridad con el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. A medida que avanza el estado de excepción, será crucial observar cómo se implementan las medidas y si realmente logran calmar la situación o si, por el contrario, se convertirá en un síntoma más de la incapacidad del Estado para gestionar la crisis. El futuro de Ecuador no solo depende de la efectividad de las medidas adoptadas, sino también de la voluntad del gobierno para abordar no solo los síntomas de la violencia, sino también las causas estructurales que la alimentan. La historia reciente nos enseña que soluciones simplistas pueden ofrecer alivio temporal, pero a largo plazo, se requiere un enfoque más integral y colaborativo que involucre a todos los sectores de la sociedad en la búsqueda de un Ecuador más seguro y estable.