Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 07.03.2025
En un contexto de creciente tensión política y mediática, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, ha salido al paso de las críticas dirigidas hacia la administración de la presidenta Dina Boluarte. En una reciente entrevista en RPP Noticias, Arana expresó que tanto la presidenta como el Gabinete Ministerial perciben un “desmedido exceso” por parte de ciertos sectores de la política y de la prensa, que, según él, no logran entender el trabajo que se realiza desde el Gobierno.
La controversia se ha intensificado tras las acusaciones de Boluarte, quien aseguró que existe un complot orquestado entre el Ministerio Público y ciertos medios de comunicación con el fin de desestabilizar su gobierno. Esta situación ha llevado a un clima de desconfianza y polarización en la opinión pública, lo que ha generado un debate sobre la libertad de prensa y la crítica política en el país.
Arana, en su defensa del Gobierno, indicó que no se puede responsabilizar a la prensa de un “golpe de Estado blando”, a pesar de que la presidenta hizo referencia a esta situación. “Lo que nosotros percibimos es un asedio a la figura de la presidenta”, manifestó Arana, sugiriendo que la crítica no es constructiva y que, en muchos casos, se basa en malentendidos sobre las acciones del Ejecutivo.
El ministro apeló a la prudencia en la interpretación de las declaraciones de Boluarte, enfatizando que se trata de un tema coyuntural y no de un ataque sistemático hacia el periodismo. “No hay que exagerar lo que ha pasado el día de ayer”, afirmó, resaltando que la administración actual está comprometida con mejorar el sistema de justicia, que, según su visión, presenta vacíos y problemas que deben ser atendidos.
El trasfondo de estas declaraciones se ha visto marcado por un hecho específico: el allanamiento del domicilio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por parte del Ministerio Público. Este hecho ha sido interpretado por Boluarte como un ataque directo a su administración y ha avivado las llamas de la controversia en torno a la independencia del poder judicial y su relación con el Ejecutivo.
La mandataria, al respaldar a Santiváñez, resaltó que las acciones de la fiscalía, al igual que las de algunos medios, parecen estar alineadas con un objetivo para desestabilizar su gobierno. “Pueden allanar la casa de todos los ministros si quieren, pero esto tiene un sentido político”, afirmó, sugiriendo que la acción judicial no es fortuita, sino parte de un plan más amplio.
Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) han expresado su rechazo a las acusaciones de “golpismo” lanzadas por Boluarte. Estas organizaciones consideran que la libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y que las acusaciones hacia los medios pueden tener un efecto negativo en el ejercicio de la crítica periodística.
El debate sobre la relación entre el poder político y la prensa no es nuevo en Perú; sin embargo, la polarización actual y las acusaciones mutuas han intensificado las tensiones. En este sentido, muchos analistas advierten que un manejo adecuado de la comunicación y una apertura al diálogo son esenciales para restablecer la confianza entre el Gobierno y la ciudadanía.
En conclusión, el panorama político en Perú se encuentra en un punto crítico. Las declaraciones de Arana y Boluarte, junto con los recientes acontecimientos judiciales, ponen de manifiesto la necesidad de una reflexión profunda sobre la relación entre el poder y la prensa, así como sobre los desafíos que enfrenta el país en términos de gobernabilidad y democracia. La forma en que se manejen estas tensiones podría definir el rumbo de la administración actual y su legado en la historia política peruana.
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