Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 07.03.2025
Andrés Hurtado Grados, conocido popularmente como 'Chibolín', se encuentra en una situación legal cada vez más complicada, tras la reciente revelación de un supuesto intento de soborno que podría acarrearle serias consecuencias. Hurtado enfrenta actualmente dos mandatos de prisión preventiva: uno de 18 meses vinculado a un caso de soborno hacia la fiscal Elizabeth Peralta por la devolución de un lote de oro, y otro de 9 meses relacionado con la gestión irregular de la desnacionalización del futbolista Roberto Siucho. En esta coyuntura, la situación se agrava con las declaraciones de su exabogado, Russell Robles González.
El abogado, que fue parte del equipo de defensa de Hurtado, ha sido apartado de su caso en circunstancias que aún no se han esclarecido completamente. Sin embargo, su acusación es grave: sostiene que el excomediante le entregó la suma de 20 mil dólares y 12,500 soles, con el propósito de sobornar al juez supremo Juan Carlos Checkley, con la esperanza de obtener su libertad antes de Navidad. Este alegato ha puesto en jaque la defensa de Hurtado, quien ya enfrenta problemas legales significativos.
Robles ha afirmado que nunca concretó el pago al juez, alegando que utilizó el dinero para satisfacer sus propias deudas. Esta declaración ha abierto la puerta a una posible nueva investigación contra 'Chibolín', quien ya se encuentra en el punto de mira de las autoridades. El abogado penalista Andy Carrión ha indicado que, de confirmarse estos hechos, Andrés Hurtado podría enfrentarse a una acusación de cohecho simple, un delito que conlleva una pena de prisión de entre 4 y 6 años, incluso si el funcionario no recibió el dinero.
La situación se complica aún más para Hurtado, ya que esta nueva denuncia podría influir en cualquier solicitud futura para obtener una variación de su prisión preventiva a una comparecencia restringida. Los expertos legales han señalado que un comportamiento que sugiera obstrucción o intento de influir en el proceso judicial podría ser interpretado negativamente por el juez, obstaculizando cualquier intento de modificación de su medida de prisión.
Por otro lado, el abogado Robles también podría ser objeto de investigaciones por tráfico de influencias y cohecho, ya que su accionar implica solicitar dinero a su cliente para interceder ante un funcionario público. Esto no solo expone a Hurtado, sino que también podría llevar a Robles a enfrentar serias repercusiones legales. El marco del Código Penal establece que no es necesario que la influencia existiera para que se configure el delito de tráfico de influencias.
Las autoridades, por su parte, han decidido intensificar la investigación en torno a 'Chibolín'. El fiscal José Espinoza ha solicitado el levantamiento del secreto bancario de Hurtado, lo que permitirá un análisis exhaustivo de sus movimientos financieros. La Unidad de Inteligencia Financiera participará en esta pesquisa, ya que se han detectado conexiones entre Hurtado y varios alcaldes de Lima, quienes han colaborado en causas sociales presentadas en su programa de televisión.
La investigación también tiene en la mira a Kelly Medina Meza, asistente personal de Hurtado, quien es sospechada de ser su testaferro. Las indagaciones buscan esclarecer no solo los posibles delitos ya mencionados, sino también los movimientos de capital que puedan estar relacionados con un esquema de lavado de activos.
De acuerdo con la Fiscalía, Hurtado Grados podría estar implicado en una organización criminal dedicada al lavado de activos en colaboración con los hermanos Sánchez Aranda, quienes son propietarios de la cevichería "Mi Barrunto". Según la acusación, esta red habría creado varias empresas para ocultar el origen ilícito de fondos derivados de actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la defraudación tributaria.
Entre las pruebas que se han presentado se destaca la transacción de una camioneta Porsche Cayenne, que fue vendida por la empresa de Hurtado a uno de los hermanos Sánchez, y posteriormente devuelta, lo que ha suscitado suspicacias sobre la legitimidad de las operaciones comerciales de 'Chibolín'.
En resumen, la situación legal de Andrés Hurtado se ha vuelto más compleja y peligrosa. Las acusaciones de soborno, junto con las investigaciones en curso sobre sus finanzas y posibles vínculos con el crimen organizado, podrían tener repercusiones devastadoras tanto para su libertad como para su reputación. Mientras el proceso avanza, será crucial observar cómo se desarrollan las investigaciones y qué decisiones tomará la Fiscalía en relación a los múltiples delitos que se le imputan.
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