Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 07.03.2025
La situación política en Perú se torna cada vez más compleja, en medio de un clima de desconfianza hacia las organizaciones políticas y las instituciones que deben garantizar la democracia. Recientemente, un informe del periodista Martín Hidalgo publicado en El Comercio ha destapado graves irregularidades en la inscripción de varias agrupaciones de izquierda, lo que ha llevado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a replantearse su papel en el proceso electoral. Ya no se trata solo de una ventana de acceso al poder, sino de una rigurosa puerta que debe ser traspasada bajo estrictos criterios de legitimidad.
El JNE, bajo su nueva presidencia, parece decidido a no repetir los errores del pasado. Las elecciones de 2021 dejaron una estela de dudas y cuestionamientos, especialmente tras la admisión de una fórmula presidencial incompleta por parte de Perú Libre. La falta de transparencia en la gestión de las irregularidades denunciadas durante las mesas electorales ha puesto sobre la mesa la necesidad de un cambio radical en la forma en que el JNE permite la participación política. Este nuevo enfoque implica un endurecimiento de los filtros de inscripción y una fiscalización más rigurosa de las candidaturas, así como de los resultados electorales.
La misión del JNE se ha redefinido, ya que no solo debe asegurar que las elecciones sean justas, sino también que las organizaciones que buscan participar en estos procesos se alineen con los principios democráticos. Esto se traduce en la exigencia de que las agrupaciones políticas no solo cumplan con el número mínimo de afiliados y requisitos formales, sino que también demuestren una trayectoria y credibilidad democráticas. Así, se busca discernir entre quienes buscan acceder al poder de manera legítima y aquellos que intentan hacerlo por medios turbios.
Es importante destacar que entre las organizaciones cuestionadas por el JNE se encuentran tres agrupaciones que tienen vínculos directos con el gobierno de Pedro Castillo: Todo con el Pueblo, impulsada por Castillo; Pueblo Consciente, promovida por Guido Bellido; y Adelante Pueblo Unido, de Aníbal Torres. Todos estos personajes han sido parte de un gobierno que, hasta el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, buscaba debilitar las instituciones democráticas, incluyendo el Congreso, en un intento por instaurar un régimen autoritario.
Este contexto resalta la relevancia de la labor del JNE como guardián de la democracia. La necesidad de contar con un organismo que no se preste a la admisión de candidaturas antidemocráticas es crucial para preservar el orden institucional. El JNE tiene el deber de asegurarse de que las organizaciones políticas que lleguen a participar en las elecciones no tengan una agenda oculta que amenace la estabilidad del sistema democrático.
La actitud del JNE se presenta como un contraste frente a situaciones previas en las que se han visto organizaciones con antecedentes problemáticos intentando acceder al poder sin el debido escrutinio. La expectativa ahora es que la institución se mantenga firme en su posición, evitando que agrupaciones con claras intenciones de socavar la democracia obtengan una participación fácil y sin los controles necesarios.
Sin embargo, la vigilancia del JNE debe ser constante y efectiva. No se puede permitir que, en el futuro, se repitan los errores del pasado, donde la ventana de acceso se convierte en una puerta entreabierta para aquellos que buscan ingresar al poder sin las credenciales adecuadas. La protección de la democracia requiere de una vigilancia permanente y de un compromiso inquebrantable con los principios que la sustentan.
Un caso que ha llamado la atención en este contexto es el del partido "A.N.T.A.U.R.O.", que fue excluido del proceso electoral por el Poder Judicial, mientras su líder, Antauro Humala, podría tener la oportunidad de presentarse como candidato a senador. Esto plantea interrogantes sobre los criterios de inclusión y exclusión que están siendo utilizados en el ámbito político. ¿Es el JNE capaz de mantener la misma rectitud que se le exige a otras instituciones? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro político del país.
Es esencial que los ciudadanos se mantengan informados y activos en la defensa de la democracia. La participación no debe limitarse al acto de votar, sino que debe extenderse a un seguimiento crítico de las instituciones que regulan la política en el país. La salud de la democracia peruana depende de la fortaleza de sus instituciones y de la voluntad de sus ciudadanos para exigir transparencia y responsabilidad a quienes buscan acceder al poder.
Así, el JNE se encuentra en un punto decisivo. La necesidad de transformar su imagen de una mera ventana de acceso a una puerta rigurosa y respetada es imperativa. El futuro del sistema democrático en Perú podría depender de la firmeza con que se tomen decisiones y se apliquen criterios que reivindiquen los valores democráticos y protejan a la ciudadanía de intentos de manipulación y abuso de poder.
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