Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 13.02.2025
El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la ilegalidad del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) ha generado un torrente de reacciones y controversias en el ámbito político peruano. La decisión de la Sala Civil Permanente, que fue tomada por unanimidad, implica no solo la cancelación de la inscripción del partido, sino también la clausura de sus locales y la imposibilidad de reinscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, a pesar de este fallo enérgico, el JNE todavía no ha recibido la notificación formal que le permita ejecutar dicha decisión.
Desde el JNE, se emitió un comunicado en el que se informó que, transcurridos 15 días desde la sentencia, la institución aún aguarda la notificación oficial. "Nos encontramos a la espera de la notificación para dar cumplimiento al respectivo fallo", señalaron. Este retraso ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la eficacia y rapidez de los procesos judiciales en el país, así como sobre las verdaderas implicancias legales de la decisión de la Corte Suprema.
El Poder Judicial, a su vez, ha aclarado que el JNE no forma parte del proceso judicial y que la notificación fue enviada solamente al Ministerio Público y a los representantes del partido involucrado. Esta situación ha generado confusión en los electores y en el mismo entorno político, donde se cuestiona la validez de las actividades que A.N.T.A.U.R.O. y su líder, Antauro Humala, continúan llevando a cabo.
En medio de esta incertidumbre, A.N.T.A.U.R.O. ha mantenido su posición de que Antauro Humala "es un militante más" y que, a pesar de la declaración de ilegalidad, su partido sigue existiendo. La contradicción entre la decisión judicial y la realidad operativa del partido plantea una serie de interrogantes sobre la estabilidad legal de las organizaciones políticas en el Perú.
Cabe recordar que la Fiscalía había fundamentado su demanda en la existencia de actividades contrarias a los principios democráticos por parte de A.N.T.A.U.R.O., acusando al partido de promover acciones que atentan contra la vida y la integridad de diversas personas. Este contexto de tensionamiento político ha llevado a que se cuestionen las motivaciones y los métodos de la agrupación que lidera Humala.
A pesar de la controversia, Antauro Humala parece no amedrentarse. El pasado sábado, estuvo en Huancayo participando en un evento político, lo que muchos ven como un desafío directo a la legislación vigente. Durante este encuentro, Humala respondió a cuestionamientos sobre la legalidad de su actividad política, sugiriendo que su partido sigue registrado y, por lo tanto, tiene derecho a actuar. Este tipo de declaraciones subrayan la compleja relación entre la ley y el ejercicio político en el Perú.
El escaso avance en la notificación oficial abre un debate sobre la institucionalidad y la capacidad de aplicación de la ley en el ámbito político. Mientras el logo de A.N.T.A.U.R.O. aún figura en el Registro de Organizaciones Políticas, el ambiente se torna cada vez más tenso. Las recientes elecciones y la próxima contienda de 2026 se ven envueltas en una nebulosa donde la legalidad y la política parecen estar en constante confrontación.
Por otro lado, las reacciones de otras fuerzas políticas no se han hecho esperar. Por ejemplo, el partido Fuerza Popular ha expresado su preocupación por la excarcelación de Antauro Humala y ha elevado un pedido al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que se tomen medidas en este contexto. La inquietud se amplifica ante el escenario electoral que se vislumbra en el horizonte, donde la figura de Humala podría jugar un rol significativo, a pesar de las impedimentos legales que enfrenta.
Lo que se avecina en el panorama político peruano no solo depende de los procesos judiciales en marcha, sino también de la capacidad de las instituciones para actuar de manera efectiva y prevenir que situaciones como la de A.N.T.A.U.R.O. se repitan. La tensión entre la legalidad y la política continúa, y la espera por la notificación oficial del JNE se convierte en un punto crítico que podría definir el futuro inmediato del partido y de su líder.
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