Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 03.02.2025
La reciente declaración de Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ha reabierto el debate sobre la situación de la seguridad en Perú, un tema que ha estado en el centro de las preocupaciones ciudadanas y empresariales. James considera "prematuro" afirmar que el país ha recuperado la tranquilidad social bajo la administración de Dina Boluarte, señalando que la criminalidad organizada sigue en aumento y que las medidas implementadas hasta la fecha no han mostrado resultados satisfactorios.
Durante una reunión con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, James expuso la preocupación de los empresarios sobre la creciente ola delictiva. A pesar de las acciones llevadas a cabo por el gobierno, la SNI nota que la efectividad de estas medidas es insuficiente. "Vemos que los resultados en seguridad no acompañan y eso nos preocupa mucho", afirmó James, quien aboga por un enfoque más integral que involucre a diversas instituciones del Estado, incluyendo el Congreso y el Ministerio Público.
El presidente de la SNI también hizo hincapié en la necesidad de un marco legal más robusto para combatir la delincuencia, proponiendo la implementación de la ley de terrorismo urbano para enfrentar fenómenos como el sicariato y la extorsión. James destacó que esta legislación permitiría que los involucrados en estos delitos sean procesados por juzgados especiales, lo que podría contribuir a una respuesta más efectiva frente a la criminalidad organizada que ha proliferado en el país.
Entre sus propuestas, la SNI sugiere la construcción de cárceles mediante un esquema de obras por impuestos que facilite la participación del sector privado. James argumentó que la falta de infraestructura en el sistema penitenciario es un obstáculo significativo en la lucha contra la delincuencia, y que es fundamental dotar a la Policía de los recursos necesarios, tanto en tecnología como en equipamiento. En este sentido, el dirigente empresarial mencionó que es fundamental que la Policía cuente con patrulleros y armamento adecuado para hacer frente a los desafíos actuales.
La situación en Trujillo, donde se ha registrado un aumento alarmante de homicidios y actos de violencia relacionados con el crimen organizado, fue otro punto de preocupación. James sugirió que esta región debería ser declarada en estado de emergencia, argumentando que la respuesta del gobierno ha sido insuficiente dados los niveles de violencia que se experimentan. "Trujillo es un caso muy especial y se nos está saliendo de las manos", expresó, enfatizando la necesidad de un enfoque coordinado que incluya a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad.
En medio de estos retos, la crítica hacia el Congreso se hizo evidente. James señaló que el Parlamento ha debilitado leyes esenciales en la lucha contra el crimen organizado y que es necesario que se tomen decisiones más firmes y coherentes para abordar la creciente criminalidad en el país. La falta de concordancia entre el Ejecutivo y el Legislativo ha generado un caldo de cultivo para la impunidad y el descontrol, algo que preocupa profundamente a los representantes del sector empresarial.
Respecto a la situación política y social del país, James manifestó su desacuerdo con las declaraciones de la presidenta Boluarte sobre la recuperación de la tranquilidad social en Perú. "No comparto esa visión; el Perú todavía está pasando por una efervescencia social que tiene varios componentes, entre ellos la delincuencia", apuntó. Esto sugiere que las tensiones sociales y políticas siguen latentes, alimentadas en parte por la percepción de inseguridad y la falta de confianza en las instituciones.
Además, el presidente de la SNI hizo un llamado a la necesidad de abordar la informalidad laboral en el país, señalando que el crecimiento económico es vital para generar oportunidades de empleo. Propuso simplificar los trámites para la formalización de empresas y establecer un régimen tributario que facilite la legalización de los negocios, contribuyendo así a reducir la informalidad que afecta a una parte significativa de la economía peruana.
En cuanto a la inmigración venezolana, James planteó la necesidad de cerrar temporalmente las fronteras, argumentando que el país no puede seguir absorbiendo un flujo constante de migrantes sin un control adecuado. Esta afirmación resuena con un contexto en el que la seguridad y la capacidad económica del Perú están siendo cuestionadas, evidenciando tensiones sobre cómo gestionar los recursos y el bienestar social en un entorno cambiante.
Por último, el cuestionamiento a la gestión del ministro Santiváñez fue un tema recurrente. James se abstuvo de hacer una evaluación directa, pero dejó claro que el problema de la seguridad no se solucionará simplemente con cambios en el gabinete, sino con un enfoque integral que involucre a todos los actores relevantes en la sociedad. La SNI continúa abogando por una colaboración más activa entre el sector privado y el gobierno para enfrentar de manera efectiva el desafío de la criminalidad en Perú.
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