Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Política 02.02.2025
La discusión sobre el estatus de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos ha cobrado relevancia en el ámbito político y social, sobre todo bajo la administración del expresidente Donald Trump, quien ha caracterizado a estos individuos como criminales. Sin embargo, es crucial examinar la legislación estadounidense para comprender si esta afirmación tiene fundamento legal. La realidad es que, de acuerdo con la ley, la situación de los inmigrantes indocumentados se clasifica de manera diferente a la que se sugiere en el discurso político.
Para comenzar, es importante resaltar que más de 11 millones de personas viven en Estados Unidos sin un estatus legal. Este número representa a una parte significativa de la población que, en muchos casos, ha contribuido a la economía y a la sociedad estadounidense de diversas maneras. Sin embargo, la política de deportaciones masivas que ha prevalecido en años recientes ha generado un clima de temor y desconfianza entre estas comunidades, lo que ha llevado a un aumento en las intervenciones y redadas migratorias.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado en varias ocasiones que quienes son arrestados por estar en el país de forma irregular tienen un "récord criminal". Esta declaración ha sido recibida con críticas, ya que la ley estadounidense establece que la falta de estatus migratorio no se considera un crimen, sino una infracción civil. Esto implica que la simple presencia en el país sin autorización no conlleva a un historial delictivo, y por tanto, definir a estos individuos como criminales es legalmente incorrecto.
A pesar de esta realidad legal, la narrativa política ha evolucionado para criminalizar a los inmigrantes indocumentados. Las leyes penales sí tipifican como delito el cruce de la frontera sin inspección y la reentrada al país después de una deportación. Sin embargo, este tipo de infracciones son meramente situaciones específicas y no representan la enorme diversidad de las experiencias de millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin autorización.
La administración Trump ha llevado a cabo una política de judicialización enérgica respecto a los casos migratorios, lo que ha resultado en consecuencias nefastas para muchos solicitantes de asilo y deportaciones indiscriminadas. Una de las medidas más controvertidas fue la separación de familias, una práctica que ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y que ha dejado una marca indeleble en muchas comunidades.
La orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día de mandato, que pedía al Departamento de Justicia priorizar la judicialización de casos por "entrada indebida" y "presencia sin autorización continuada", refleja un enfoque más punitivo hacia la inmigración. Esta estrategia no solo ha buscado criminalizar aún más a los indocumentados, sino que también ha ampliado la autoridad de diversas agencias gubernamentales para actuar en contra de estas poblaciones.
Ciertamente, la retórica de criminalización puede influir en la percepción pública sobre los inmigrantes indocumentados, generando estigmas que difícilmente se desmantelan. A pesar de que la ley los considera infractores civiles y no criminales, la narrativa promovida por algunos sectores políticos busca presentar a estas personas de manera negativa, lo que alimenta el miedo y la desconfianza en la sociedad.
El impacto de estas políticas y discursos va más allá de la legalidad; afecta la vida cotidiana de millones de personas, que a menudo viven en la sombra, temiendo la intervención de las autoridades. La incertidumbre sobre su futuro y la de sus familias crea un ambiente de ansiedad que perjudica no solo a los inmigrantes, sino a la sociedad en su conjunto, que se ve privada de las contribuciones de un segmento vital de su población.
En conclusión, es fundamental abordar la complejidad de la inmigración en Estados Unidos desde una perspectiva informada y basada en hechos. La distinción entre infracciones civiles y delitos penales es crucial para entender la realidad de los inmigrantes indocumentados en el país. La discusión debe centrarse en políticas que promuevan la inclusión y el respeto a los derechos humanos, en lugar de perpetuar el miedo y la división.
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