Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ha encendido la alarma sobre el potencial de violencia en las elecciones generales de 2026 en Perú. En una reciente aparición en el programa Cuentas Claras de Canal N, Corvetto advirtió que la presencia de bandas criminales en el país podría transformar el proceso electoral en un escenario de confrontación y miedo, similar a lo que ha ocurrido en otras naciones de América Latina. La situación de inseguridad que enfrenta el país podría influir drásticamente en el desarrollo de los comicios y en la participación de la ciudadanía. Corvetto, respaldando la Ley de Financiamiento Privado a Partidos Políticos, enfatizó la importancia de permitir que tanto individuos como empresas contribuyan a las campañas electorales. Sin embargo, su apoyo a esta normativa se encuentra matizado por sus preocupaciones sobre los límites impuestos a dicho financiamiento. Aseguró que, aunque la ley permite aumentos significativos en los topes de financiamiento, estas cifras podrían generar condiciones desiguales que favorezcan a ciertos partidos sobre otros. El jefe de la ONPE también se opuso al uso de fondos públicos para cubrir los gastos legales de los partidos políticos, argumentando que este tipo de financiamiento debería ser revisado y ajustado. Según Corvetto, el uso del dinero público debe ser más eficiente y estar mejor controlado, ya que el incumplimiento de las normas de financiamiento debería ser considerado como un signo de corrupción y dinero ilegal en las campañas. A medida que se aproximan las elecciones, la preocupación por la influencia de organizaciones criminales se intensifica. Corvetto mencionó que se han identificado al menos cuatro grupos criminales internacionales que están comenzando a asentarse en el país. La presencia de estas organizaciones, que operan en sectores como la minería y la tala ilegal, plantea un riesgo significativo que podría desestabilizar el proceso electoral. El funcionario hizo hincapié en que en otros países de la región ya se han registrado trágicos incidentes, incluyendo asesinatos de candidatos. Esto despierta temores sobre la posibilidad de que situaciones similares se repitan en Perú, donde el narcotráfico y otras economías ilegales podrían influir en la política local. Según Corvetto, es crucial estar alertas ante este panorama y prepararse para cualquier eventualidad. Para hacer frente a estos desafíos, la ONPE ha implementado un programa de alerta temprana que utiliza tecnología de geolocalización para monitorear conflictos electorales. Este sistema tiene como objetivo proporcionar información detallada y oportuna sobre posibles brotes de violencia durante las elecciones, permitiendo a las autoridades tomar medidas preventivas. Además, Corvetto advirtió que existen riesgos de que las organizaciones criminales puedan intentar promover a ciertos candidatos o partidos políticos, lo que podría distorsionar la competencia electoral. En este contexto, la integridad del proceso democrático se encuentra amenazada por la penetración de intereses ilegales en la política nacional. El escenario de las elecciones de 2026 se perfila como uno de los más complejos en la historia reciente del país. Con la posibilidad de realizar hasta cinco elecciones de manera simultánea y con un número potencial de hasta 50 candidatos, la logística y la seguridad se convierten en prioridades innegables para la ONPE y las autoridades electorales. Corvetto también mencionó que la violencia y la inestabilidad que podrían surgir en el contexto electoral no solo afectarían a los candidatos, sino que también impactarían de manera directa en la confianza del electorado y en la legitimidad del sistema democrático. En consecuencia, es esencial que tanto el Estado como la sociedad civil trabajen en conjunto para garantizar un entorno seguro y equitativo para todos los participantes en el proceso electoral. En resumen, las elecciones de 2026 en Perú se presentan como un desafío sin precedentes, donde los peligros de la violencia y la influencia criminal amenazan tanto la seguridad de los candidatos como la voluntad del pueblo de ejercer su derecho al voto. La implementación de medidas preventivas y la búsqueda de un financiamiento electoral más transparente son pasos fundamentales para salvaguardar la democracia en el país.
