Boluarte acusa a encuestadoras de manipulación en medio de crisis de aprobación

En un ambiente político cada vez más tenso, la presidenta Dina Boluarte ha desatado una controversia al acusar a las encuestadoras de manipular sus resultados de aprobación y de haberle solicitado dinero a cambio de elevar sus cifras. Este enfrentamiento se produce en un contexto donde la mandataria ha visto cómo su respaldo popular se desploma a un alarmante 3%, según el último sondeo de Datum. Esta situación la convierte en la gobernante más impopular del Perú en las últimas cuatro décadas, lo que ha generado inquietud y reacciones tanto en el ámbito político como en el de la opinión pública. Durante un evento en Carabayllo, Boluarte expresó su frustración con las encuestadoras, sugiriendo que el bajo nivel de aprobación podría ser rectificado si ellas recibieran alguna compensación económica. "A los que me califican, que dicen que tengo 3% de aprobación, yo les digo a ellos: de una vez pónganme 00, así estamos empatados y nos vamos a penales", afirmó con tono desafiante. Este tipo de declaraciones no solo evidencian su malestar, sino que también reflejan una falta de reconocimiento de la situación crítica en la que se encuentra su gobierno. Las acusaciones de Boluarte han generado una rápida respuesta del gremio de encuestadoras. La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) emitió un comunicado en el que califica las declaraciones de la presidenta como "falsas y difamatorias". Aseguran que sus métodos de trabajo son rigurosos y se apegan a normas internacionales, resaltando que las encuestas no son un vehículo para ningún tipo de manipulación política o económica. La APEIM también subrayó que la integridad de su labor es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia y que cualquier afirmación que sugiera lo contrario no solo daña su reputación, sino que también podría ser considerada un delito. En este sentido, han exigido a Boluarte una rectificación inmediata, evidenciando la gravedad de las acusaciones y la necesidad de proteger la credibilidad de las instituciones encargadas de ofrecer datos sobre la opinión pública. A medida que las tensiones aumentan, se observa una clara necesidad de que el gobierno reflexione sobre su desempeño y la percepción que genera en la ciudadanía. La APEIM argumentó que las encuestas son un reflejo del sentir popular y un llamado a la clase política para mejorar su labor en beneficio del país. Este mensaje resuena en un contexto donde la desaprobación general hacia la gestión de Boluarte se hace cada vez más evidente. Sin embargo, el llamado a una "cultura de denuncias" que Boluarte propone para mejorar la seguridad ciudadana parece enmarcarse en un intento de desviar la atención de su propia crisis de legitimidad. La implementación de políticas efectivas para combatir la criminalidad es un deseo compartido por la población, pero la falta de confianza en el liderazgo actual obstaculiza cualquier avance significativo en esta área. La situación actual plantea la pregunta de si la presidenta puede realmente revertir la tendencia negativa en su aprobación. La distancia entre el gobierno y la ciudadanía parece haber crecido, y la desconfianza se ha instalado en el corazón de muchos peruanos. La habilidad de Boluarte para abordar los problemas fundamentales del país será clave para evaluar el futuro de su administración. Es importante señalar que el clima de confrontación generado por las declaraciones de Boluarte podría tener repercusiones en la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, así como en la confianza pública hacia las encuestadoras. La percepción de manipulación o presión por parte del poder ejecutivo podría llevar a un mayor escepticismo sobre la validez de los datos que se presentan a la población. En este contexto, la importancia de la transparencia y la ética en el trabajo de las encuestadoras se vuelve aún más crucial. La APEIM ha dejado claro que su compromiso es con la verdad y la objetividad, y que la defensa de su reputación es un asunto serio que no se tomará a la ligera. La presidenta, por su parte, tendrá que considerar sus próximas palabras y acciones con cuidado, pues cada declaración puede tener consecuencias significativas en su relación con la ciudadanía. Finalmente, lo que está en juego es más que solo cifras de aprobación; se trata de la confianza en las instituciones democráticas y el futuro del liderazgo en el Perú. La crisis actual plantea un desafío no solo para Boluarte, sino para todo el sistema político del país, que deberá encontrar la manera de reconectar con los ciudadanos y abordar sus preocupaciones de manera efectiva.