
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




Política 18.12.2024
La atención del país se centra en el pronunciamiento que la Sala Plena de la Corte Suprema realizará el próximo 18 de diciembre sobre la reforma de la legislación penal impulsada por el Congreso. Esta situación ha generado un debate intenso sobre la idoneidad de las propuestas legislativas en materia penal, las cuales, según el presidente de la Corte, Javier Arévalo Vela, carecen de alineación con la Constitución y se han desarrollado sin incluir al Poder Judicial en el proceso de consulta.
Arévalo expresó su preocupación respecto a la forma en que el Congreso ha abordado la reforma penal. En sus declaraciones, subrayó que aunque es facultad del Legislativo emitir leyes, aquellas que impactan en el sistema penal deben ser elaboradas con seriedad y criterio técnico. “No se puede emitir leyes por emitir, y menos en materia penal”, enfatizó, dejando claro que la falta de consulta con el Poder Judicial podría llevar a la implementación de normas inadecuadas.
El magistrado resaltó la importancia de contar con la opinión de expertos en el ámbito judicial antes de la promulgación de reformas significativas. “Tenemos magistrados muy especializados, que son profesores universitarios, autores de libros, que pueden aportar en la elaboración de leyes”, señaló, sugiriendo que la experiencia y conocimiento del Poder Judicial no solo deberían ser reconocidos, sino que deberían formar parte activa del proceso legislativo.
La crítica hacia el Congreso no se limita a la falta de consulta. Arévalo cuestionó la legitimidad de los legisladores para proponer reformas en el ámbito penal, sugiriendo que muchos de ellos no son los más capacitados para abordar temas que requieren un profundo conocimiento técnico y jurídico. “La legislación que emita el Congreso debe ser tomada con seriedad; no se pueden presentar propuestas sin un análisis adecuado”, advirtió.
El contexto de esta controversia se agrava con la reciente decisión del Poder Judicial de liberar a varios implicados en casos de corrupción y crimen organizado, una medida que ha suscitado controversia en la opinión pública y que, según Arévalo, es consecuencia de las reformas legislativas sin el debido respaldo técnico. “No compartimos muchos de estos dispositivos legales que se han aprobado porque no son adecuados a la Constitución o a una política criminal que debe existir”, afirmó, marcando una línea clara entre el Poder Judicial y el Legislativo.
La reacción del Congreso ante estas declaraciones será crucial. Arévalo ha dejado en claro que no se opone a la reforma en sí misma, sino a la manera en que se está llevando a cabo. La falta de diálogo y la ausencia de una consulta formal previa a la creación de normas que afectan gravemente al sistema penal podrían poner en riesgo la coherencia y efectividad de la justicia en el país.
Asimismo, el presidente de la Corte enfatizó que la reforma no debe ser una herramienta de imposición, sino un proceso colaborativo. La posibilidad de que se implemente un nuevo Código Penal ha sido mencionada en diversas ocasiones, y los magistrados especializados del Poder Judicial podrían aportar valiosas ideas para este hito legislativo.
Es evidente que la relación entre el Poder Judicial y el Congreso necesita reevaluarse. La falta de comunicación y colaboración entre ambas entidades puede derivar en un sistema legal fragmentado y poco efectivo. Arévalo ha instado a los legisladores a considerar que cualquier proyecto de ley relacionado con el Poder Judicial debería ser consultado previamente, no solo por cortesía, sino por la necesidad de construir un sistema que funcione efectivamente para todos los ciudadanos.
El pronunciamiento de la Corte Suprema el 18 de diciembre podría marcar un antes y un después en la relación entre estas dos instituciones. La expectativa es alta, y la sociedad espera que se tomen decisiones que favorezcan no solo la estabilidad del sistema judicial, sino también la confianza pública en un proceso que debería ser justo y transparente. En un momento donde la reforma penal es más necesaria que nunca, el diálogo y la colaboración se presentan como herramientas fundamentales para avanzar hacia un futuro más seguro y equitativo.
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