Crisis del fentanilo en América Latina impulsa alianzas para enfrentar el crimen organizado

La reciente incautación de cerca de 400 millones de dólares en dosis de fentanilo en México subraya una crisis que se extiende por toda América Latina. Este decomiso, el mayor registrado hasta la fecha de opioides sintéticos en el país, es un claro indicador de la creciente sofisticación y organización de la delincuencia en la región. Los grupos criminales han evolucionado, aprovechando herramientas tecnológicas y financieras, y formando redes que trascienden fronteras, convirtiendo a América Latina en una de las zonas más violentas del mundo. Brasil, por su parte, no se queda atrás. El Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo delictivo más poderoso del país, ha sido señalado por blanquear millones a través de plataformas digitales, a la vez que financia campañas políticas. Esta intersección entre el crimen organizado y la política plantea interrogantes sobre la integridad de las instituciones democráticas en la región. La aparición de bandas criminales, como una en Chile que ha desatado una ola de trata de personas y extorsión, refleja cómo la violencia y la delincuencia han arraigado en sociedades que anteriormente se consideraban pacíficas. Ecuador, que hasta hace poco era visto como un país relativamente seguro, ha experimentado un aumento alarmante de la violencia, lo que pone de manifiesto la naturaleza transnacional de estas organizaciones delictivas. Este fenómeno revela que el crimen organizado no solo ha encontrado un hogar en países con altos índices de violencia, sino que también está afectando a aquellos que alguna vez fueron considerados refugios de estabilidad. La incapacidad de los países para abordar este problema en solitario es cada vez más evidente. Las autoridades locales se encuentran sin los recursos o el apoyo necesarios para enfrentar la epidemia de criminalidad que afecta a sus comunidades. La situación es tan grave que los efectos de la delincuencia han comenzado a influir incluso en procesos políticos más amplios, como las recientes elecciones en Estados Unidos. En este contexto, la reciente creación de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se presenta como un rayo de esperanza. Este esfuerzo busca coordinar las estrategias de seguridad entre los gobiernos de América Latina y el Caribe, intercambiando conocimientos y brindando asesoría técnica para abordar los múltiples desafíos que plantea la delincuencia organizada. La reunión programada en Barbados, donde los ministros de Seguridad y Justicia de la región firmarán una declaración de apoyo a la alianza, es un paso significativo hacia una respuesta más unificada. El enfoque de esta alianza es vital por varias razones. Primero, establece una plataforma para la colaboración regional que es necesaria para enfrentar un problema que no respeta fronteras. Segundo, al contar con el respaldo del BID, se espera que se logre un equilibrio en medio de la polarización política que ha caracterizado a la región en los últimos años. Finalmente, el liderazgo del BID es clave para asegurar la financiación de políticas que pueden ser efectivas en la lucha contra el crimen. El Presidente del BID, Ilan Goldfajn, subrayó la importancia de proteger a las comunidades vulnerables, en especial a los jóvenes, y de fortalecer las instituciones encargadas de la vigilancia y la justicia. Su declaración sobre la necesidad de que la región esté organizada si el crimen también lo está resuena como un llamado urgente a la acción colectiva. Los costos de la delincuencia en América Latina son alarmantes, con un impacto que se refleja en el 3,4% del PIB de la región, lo que equivale a casi el 80% del gasto público en educación. Esto sin considerar otros costos asociados, como el aumento de la migración y la reducción de la inversión empresarial. La inseguridad se ha convertido en un factor determinante en el costo de hacer negocios, obstaculizando el desarrollo y el progreso en la región. Sin embargo, no todo son malas noticias. Según estimaciones de expertos, como Robert Muggah, el número de asesinatos en América Latina y el Caribe podría estar en vías de disminuir entre un 4% y un 5% este año, continuando una leve tendencia a la baja. Aunque esta reducción no es uniforme y algunos países continúan enfrentando graves retrocesos, las señales de cooperación bilateral han llevado a la captura de líderes criminales significativos en países como Ecuador y Chile. En un panorama marcado por la brutalidad y la violencia, es esencial mantener la esperanza. Con una voluntad política decidida, políticas bien pensadas, recursos adecuados y cooperación transnacional, es posible imaginar un futuro en el que la criminalidad en América Latina se reduzca de manera drástica. La lucha contra el crimen organizado es un desafío monumental, pero con un enfoque organizado y colaborativo, las comunidades pueden recuperar el control y avanzar hacia una mayor seguridad y bienestar.