Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
A medida que se intensifica el ciclo electoral de 2024, el tema del crimen ha surgido como una de las principales preocupaciones entre los votantes, lo que ha llevado a discusiones renovadas sobre las políticas de seguridad pública. El panorama político en torno al crimen se ha vuelto marcadamente dividido, con republicanos y demócratas a menudo inclinándose fuertemente hacia sus respectivas ideologías, frecuentemente a expensas de soluciones basadas en evidencia. Esta creciente división exige una reexaminación de la política del crimen que cierre las brechas partidistas y priorice estrategias efectivas sobre el postureo político. Muchos progresistas son acertadamente críticos del enfoque "duro con el crimen" que ha dominado gran parte de las últimas décadas. Si bien hay consenso sobre la necesidad de prisiones para albergar a aquellos que representan una amenaza genuina para la sociedad, es crucial reconocer que la mayoría de las personas involucradas en actividades delictivas son típicamente jóvenes y tienden a dejar ese comportamiento con el tiempo. La investigación muestra que la propensión a cometer delitos alcanza su punto máximo en la adolescencia tardía y disminuye significativamente después. Estos datos indican que las largas condenas a menudo sirven para encarcelar a individuos que ya no pueden representar un riesgo, desperdiciando recursos limitados sin mejorar la seguridad comunitaria. El argumento a favor de penas severas a menudo se basa en la suposición de que tales medidas disuaden el comportamiento criminal futuro. Sin embargo, los estudios revelan consistentemente que el efecto disuasorio del encarcelamiento es insignificante en comparación con la probabilidad de ser atrapado. Alarmantemente, las tasas de esclarecimiento de crímenes violentos como el homicidio rondan el 41%, mientras que los delitos contra la propiedad como el robo y el hurto tienen una tasa de esclarecimiento desalentadora de solo el 14%. Esto sugiere que una gran mayoría de los delincuentes enfrenta pocas o ninguna consecuencia por sus acciones, socavando la misma base de la disuasión. La prevención eficaz del crimen requiere un enfoque dual que reconozca la necesidad de mejorar la policía mientras también aborda las deficiencias de las estrategias actuales. Si bien los conservadores a menudo abogan por una mayor presencia policial, es esencial asegurar que este aumento de financiamiento se acompañe de responsabilidad e innovación en las prácticas policiales. La desafortunada reacción contra la policía tras incidentes de mala conducta muy publicitados no debe llevar a una reducción de recursos policiales esenciales. En cambio, los departamentos de policía deben participar en reformas reflexivas que prioricen las relaciones comunitarias y el compromiso constructivo. Los recientes esfuerzos legislativos, como el Acta VICTIM bipartidista destinada a fortalecer los recursos policiales locales, destacan un paso en la dirección correcta. Al invertir en investigaciones criminales, contratar más detectives y asegurar que los departamentos de policía sean transparentes sobre sus operaciones y efectividad, podemos comenzar a reconstruir la confianza y restaurar la fe en las medidas de seguridad pública. Además, la integración de la tecnología en las estrategias de prevención del crimen presenta una oportunidad para que las comunidades mejoren la seguridad sin depender únicamente de métodos policiales tradicionales. Herramientas como los lectores de matrículas y las bases de datos de ADN pueden servir como poderosos disuasivos. Sin embargo, es crucial implementar protecciones de privacidad robustas para garantizar que se salvaguarden las libertades civiles mientras se maximiza la seguridad pública. A medida que las comunidades continúan lidiando con el aumento de las tasas de criminalidad, los responsables de políticas deben invertir en soluciones tangibles que generen resultados inmediatos. Las víctimas del crimen merecen reconocimiento y rendición de cuentas, y la eficacia de la aplicación de la ley es esencial para disuadir futuros delitos. Un enfoque basado en datos para la política del crimen, que priorice la probabilidad de aprehensión en lugar de la severidad del castigo, puede ayudar a reducir las tasas de encarcelamiento en general mientras apoya iniciativas sociales que promuevan la seguridad a largo plazo. Para lograr un cambio significativo, todos los interesados, desde residentes hasta periodistas, deben participar en esta conversación crítica. Los líderes locales deben rendir cuentas por sus políticas de crimen, particularmente en lo que respecta a las tasas de esclarecimiento, que siguen siendo una estadística en gran medida invisible pero vital para evaluar la efectividad de los esfuerzos de aplicación de la ley. Además, cuestionar la lógica detrás de las políticas de sentencias prolongadas fomentará un diálogo que desafíe suposiciones obsoletas y abrace prácticas basadas en evidencia. El crimen no es un problema partidista; más bien, es un problema urgente que trasciende las divisiones políticas. Al dejar de lado las diferencias ideológicas y centrarse en lo que sugiere la evidencia, ambos partidos pueden contribuir a una agenda de seguridad pública más efectiva. El camino a seguir debe caracterizarse por la colaboración, un compromiso con la responsabilidad y un objetivo compartido de crear comunidades más seguras para todos.