Lázaro Báez condenado y absuelto: la justicia argentina en la cuerda floja

El nombre de Lázaro Báez ha vuelto a resonar en el ámbito judicial argentino, tras recibir una nueva condena por el delito de "lavado agravado". Sin embargo, la controversia en torno a su situación legal no termina ahí, ya que fue también absuelto en otra causa en Chaco, lo que mantiene viva la atención sobre la red de corrupción que ha implicado a varios actores del kirchnerismo. A pesar de estas decisiones judiciales, la realidad es que Báez sigue disfrutando de su libertad, una constante en el tratamiento de los casos vinculados a figuras del kirchnerismo que, aunque condenados, encuentran caminos para evitar las rejas. El entramado de corrupción que se ha ido destapando en torno al kirchnerismo es vasto y complejo. Durante la presidencia de Alberto Fernández, varios funcionarios también enfrentaron acusaciones y condenas, aunque muchos de estos casos parecen ser más de carácter individual que parte de una estructura organizada como se ha visto en las causas que involucran a figuras como Báez y Cristina Fernández de Kirchner. La percepción pública de esta dualidad ha alimentado un sentimiento de impunidad que rodea a muchos exfuncionarios. A lo largo de los años, varios miembros del kirchnerismo han alternado entre la prisión y la libertad. Algunos, como José López y Ricardo Jaime, compartieron celdas en el penal de Ezeiza, donde los pasillos han visto pasar a figuras emblemáticas de la política argentina. La presencia de estos personajes en la cárcel ha sido más bien intermitente, generando un clima de confusión y desconfianza respecto al sistema judicial y su capacidad para llevar a cabo procesos justos y efectivos. La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es uno de los nombres más relevantes en la lista de acusados en múltiples causas, con un total de nueve expedientes abiertos en su contra. Entre ellos, destaca la Causa Vialidad, donde se la acusa de administrar fraudulentamente fondos públicos. La condena que recibió en 2022, aunque elevada, sigue sin ser definitiva, lo que le permite continuar en libertad mientras espera que la Cámara de Casación tome una decisión sobre su caso. Otra causa que ha tomado relevancia es la de los Cuadernos, en la que aún no se ha iniciado el juicio oral. Este caso, que ha permanecido en el limbo judicial desde 2019, refleja la lentitud del sistema judicial argentino y la manera en que algunos casos parecen estancarse, mientras otros avanzan a paso firme. El retraso en el procesamiento de esta causa ha sido objeto de críticas, ya que muchos argentinos esperan respuestas claras sobre la corrupción en altos niveles de gobierno. Por su parte, el Memorándum con Irán, que se relaciona con el encubrimiento del atentado a la AMIA, presenta un trasfondo aún más sombrío. La muerte del fiscal Alberto Nisman, quien había denunciado a CFK por encubrimiento, añade un halo de misterio a un caso que ha dejado huellas imborrables en la política argentina. A pesar de los múltiples escándalos, Cristina ha sido sobreseída en este tema, lo que contribuye aún más a la percepción de que el sistema le otorga una especie de protección. La situación de otros exfuncionarios es igualmente intrigante, como la de Amado Boudou, quien ha pasado por idas y vueltas en su situación penal, pero se encuentra actualmente en libertad condicional. Su condena por la causa Ciccone Calcográfica, en la que se le acusó de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, pone en evidencia la naturaleza caótica de la justicia en estos casos. A la par, el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, ha visto su pena dividida en diversas causas, pero sigue manteniendo un contacto activo con otros exfuncionarios, desdibujando las líneas entre la condena y la impunidad. La reciente absolución de Lázaro Báez en la causa Sucesión Adelmo Biancalani, donde se le acusaba de evasión agravada, ha generado revuelo en la opinión pública. A pesar de las condenas previas y el clamor por una justicia más firme, el tribunal decidió absolverlo, lo que alimenta la narrativa de que los condenados del kirchnerismo parecen encontrar refugio en una maraña judicial que no siempre actúa de manera coherente. En la misma línea, otros exsecretarios y funcionarios han enfrentado condenas que no parecen tener una consecuencia real en términos de prisión efectiva. Guillermo Moreno, por ejemplo, ha sido condenado a múltiples penas por manipulación de datos públicos, pero hasta el momento sigue sin haber pisado una celda. Esta situación ha dado lugar a un debate sobre la efectividad de las sentencias y la aparente falta de consecuencias para aquellos que han malversado fondos públicos. El panorama actual muestra una realidad compleja en la que la justicia parece dilatarse indefinidamente, mientras la corrupción se asienta en los cimientos de la política argentina. Las condenas y absoluciones, lejos de ofrecer claridad, han generado un clima de confusión y desconfianza. La percepción de que algunos exfuncionarios logran evadir la prisión perpetúa la frustración de una ciudadanía que demanda justicia y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Así, el caso de Lázaro Báez y su reciente condena se suma a un largo listado de situaciones que evidencian la necesidad de una reforma profunda en el sistema judicial argentino, que permita no solo juzgar, sino también aplicar de forma efectiva las penas a los culpables de corrupción. En un contexto donde la impunidad parece ser la norma más que la excepción, el desafío es claro: devolverle a la ciudadanía la confianza en que la justicia puede y debe ser imparcial.