Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La reciente propuesta de la congresista Norma Yarrow, representante del partido Renovación Popular, ha causado revuelo en el ámbito político peruano al buscar prohibir la postulación a cargos de elección popular para aquellos individuos que cuenten con una sentencia condenatoria en primera instancia. Esta iniciativa se presenta como una medida destinada a fomentar la idoneidad y la transparencia en el proceso electoral, un aspecto que ha sido objeto de críticas en diversas ocasiones en el contexto político del país. La propuesta de ley establece que cualquier sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad, ya sea efectiva o suspendida, emitida en primera instancia contra miembros de un partido político, como fundadores, directivos o representantes, llevará a la imposibilidad de inscribir a dicho partido en el registro electoral. Esta medida busca garantizar que solo aquellos sin antecedentes penales o inhabilitaciones puedan postularse, un paso hacia una mayor ética en el ejercicio de la política. Además de la prohibición de postulación, los partidos políticos deberán presentar un "certificado negativo de antecedentes penales, policiales y judiciales" al momento de solicitar su inscripción. Esta exigencia se extiende a todos los miembros relevantes del partido, incluidos tesoreros y apoderados. Yarrow enfatizó que esta estrategia tiene como objetivo promover una cultura de transparencia y responsabilidad dentro de las organizaciones políticas. En el acta de fundación de cada partido, también se deberá incluir una declaración que acredite que ninguno de sus dirigentes tiene sentencias en primera instancia. Esta medida tiene la intención de fomentar un compromiso serio por parte de los partidos hacia la legalidad y la ética, elementos fundamentales para una democracia saludable. Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Algunos sectores han expresado preocupación por cómo esta ley podría influir en la pluralidad del sistema político peruano. La eliminación de candidatos por antecedentes penales podría limitar la representación de ciertos sectores de la población que, a pesar de haber cometido errores en el pasado, podrían aportar valiosas experiencias y perspectivas a la política. Yarrow ha argumentado que el hecho de permitir la postulación de individuos con antecedentes penales debilita la confianza del público en el sistema político. En sus declaraciones, la congresista indicó que la política debe ser un campo donde se valore la ética y la integridad, y que la presencia de personas con sentencias podría socavar la representación política y perpetuar la insatisfacción social. La iniciativa también plantea cambios específicos en varios artículos de la Ley N° 28094, que regula las organizaciones políticas en Perú. Estos cambios se centran en establecer criterios más estrictos sobre la idoneidad de los postulantes, lo que podría obligar a los partidos a evaluar más cuidadosamente a sus integrantes. El debate sobre esta propuesta ya ha comenzado en el Congreso, y se anticipa que generará una amplia variedad de opiniones y puntos de vista. Mientras algunos celebran la posibilidad de una política más limpia y responsable, otros advierten sobre la necesidad de inclusión y la posibilidad de que esta medida pueda convertirse en una barrera para la participación política. En este sentido, el contexto de la política peruana, marcada por escándalos de corrupción y cuestionamientos a diversos actores políticos, juega un papel determinante en la recepción de esta propuesta. La sociedad civil observa de cerca las decisiones que se tomen en el Congreso, ya que el futuro de la representación política está en juego. La propuesta de Norma Yarrow podría ser considerada un paso hacia adelante en la búsqueda de una política más ética y transparente. Sin embargo, es fundamental que se garantice un equilibrio entre la exclusión de quienes han cometido delitos y la inclusión de voces diversas en el ámbito político. La respuesta del Congreso y de la ciudadanía será crucial para determinar el rumbo de esta iniciativa y su impacto en el sistema democrático peruano.