Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, presentó el 5 de septiembre ante la Asamblea Nacional un conjunto de ocho proyectos de ley, destacando entre ellos el Tratado Bilateral de Asistencia Legal Mutua (TALM) en asuntos penales entre Panamá y Suiza. Este tratado, fechado el 3 de marzo de 2023, es considerado un paso significativo para la recuperación de cerca de 22 millones de dólares que se encuentran congelados en cuentas suizas, supuestamente relacionados con sobornos de la constructora Odebrecht. Las negociaciones que llevaron a la firma de este tratado comenzaron en 2022, bajo la dirección del procurador general de la Nación, Javier Caraballo. Este esfuerzo incluyó visitas a Suiza para establecer vínculos con el Departamento Federal de Justicia y Policía del país europeo, lo que subraya la seriedad y el compromiso del gobierno panameño en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos. A pesar de la relevancia del proyecto, Martínez-Acha fue cauteloso al responder preguntas sobre la posible recuperación de fondos. “No te puedo contestar, no sé si hay, pero te repito, si está, el Convenio debería facilitar el reenvío”, afirmó el canciller, sugiriendo que el tratado podría abrir puertas, aunque no garantizando resultados inmediatos. En su exposición, el canciller destacó que el tratado no sólo busca la recuperación de fondos, sino que también establece un marco sólido para la cooperación judicial entre ambos países en asuntos penales. Esto incluye asistencia en investigaciones y procesos judiciales, lo que podría tener un impacto positivo en la eficacia de las autoridades panameñas al enfrentar delitos complejos, en especial aquellos vinculados a la corrupción. Además del TALM con Suiza, Martínez-Acha presentó otros siete proyectos de ley, lo que refleja un enfoque proactivo del gobierno en fortalecer los lazos internacionales y mejorar la cooperación en materia de justicia. Entre estos se encuentran convenios de asistencia legal recíproca y extradición con Francia, que también son esenciales para el combate a la criminalidad transnacional. El proyecto de ley sobre la extradición con Francia permitirá a Panamá solicitar la entrega de personas buscadas por la justicia, facilitando así el procedimiento de detención y entrega de aquellos que son fugitivos de la ley. Esta medida es un indicador del compromiso de Panamá con el estado de derecho y la colaboración internacional. Martínez-Acha también presentó iniciativas vinculadas a la aviación civil, incluyendo protocolos que enmiendan el número de estados miembros en ciertos consejos de la Organización de Aviación Civil Internacional. Estas propuestas no solo reafirmarán la posición de Panamá en el ámbito internacional, sino que también fomentarán el desarrollo del sector aéreo en el país. La presentación de un Acuerdo de Servicios Aéreos entre Panamá y Barbados, así como un Proyecto Marco de Cooperación con la República Dominicana, también son parte de la agenda del canciller. Estas iniciativas buscan fortalecer la cooperación técnica y cultural, promoviendo un entorno propicio para la inversión y el desarrollo socioeconómico. Por último, el proyecto que establece un acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar indica la intención del gobierno panameño de participar activamente en la conservación y uso sostenible de los recursos marinos, un tema de creciente importancia en la agenda global. El conjunto de propuestas presentadas por Martínez-Acha en la Asamblea Nacional subraya un enfoque multifacético del gobierno panameño en la lucha contra la corrupción, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible. Si bien la recuperación de fondos congelados en Suiza es un objetivo inmediato, los tratados y convenios propuestos también sientan las bases para un futuro más colaborativo y efectivo en el ámbito penal y judicial. La aprobación de estos proyectos será crucial para consolidar estos esfuerzos y fortalecer la confianza en las instituciones panameñas.