Aprobación de ley permite a la PNP dirigir investigaciones, genera controversia constitucional

El Pleno del Congreso de la República ha aprobado recientemente, en segunda votación, un dictamen que modifica el Código Procesal Penal, permitiendo a la Policía Nacional del Perú (PNP) asumir la dirección de las investigaciones preliminares de delitos. Esta medida ha generado un amplio debate en el ámbito jurídico y político, con voces críticas que advierten sobre la posible inconstitucionalidad de la norma. Entre los opositores a este cambio se encuentra la Junta de Fiscales Supremos, que ha expresado su rechazo a la ley, argumentando que contraviene lo establecido en la Constitución. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, no ha eludido la controversia y ha manifestado su preocupación respecto a la legalidad de la modificación. En declaraciones a Canal N, Salhuana mencionó que el artículo 159 de la Constitución establece claramente que es el Ministerio Público quien debe conducir las investigaciones. Este argumento pone de relieve una posible contradicción entre la nueva ley y los principios constitucionales, lo que podría abrir un camino para acciones legales ante el Tribunal Constitucional. Aunque Salhuana reconoce que la norma no es completamente nueva, ya que en el pasado la PNP tenía un papel más activo en las investigaciones, enfatizó que la actual situación de la policía es preocupante. "Todos sabemos que la Policía no está en sus mejores momentos", afirmó, sugiriendo que antes de otorgar nuevas responsabilidades, es fundamental mejorar la capacidad operativa y logística de la institución. Para ello, puntualizó la necesidad de que el presupuesto nacional refleje estos refuerzos antes de su aprobación a finales de este año. El tema de la gestión pública también ha estado presente en las declaraciones de Salhuana. Se mostró confiado en que los nuevos ministros del gabinete aclararán cualquier controversia que surja en torno a sus nombramientos, como es el caso del titular de Vivienda, Durich Whittembury, y del canciller Elmer Schialer. Estos funcionarios han enfrentado cuestionamientos por su vinculación con situaciones polémicas, pero el presidente del Parlamento expresó su fe en que actuarán con la transparencia necesaria para desvirtuar cualquier acusación. En un contexto donde la rotación frecuente de ministros puede afectar el desempeño del gobierno, Salhuana subrayó la importancia de la estabilidad en la gestión pública. Aseguró que una continuidad en las políticas públicas es esencial para garantizar un funcionamiento armónico de las instituciones y una adecuada atención a los problemas del país. Respecto a la situación actual de la PNP, Salhuana también abordó el tema de los posibles conflictos de interés que podrían surgir de esta nueva ley. Al presentar un sistema de investigación en el que la policía asume funciones que tradicionalmente competen al Ministerio Público, los riesgos de interferencias y abusos de poder se hacen evidentes, generando un clima de desconfianza en la administración de justicia. La aprobación de este dictamen no solo tiene implicaciones legales, sino que también plantea interrogantes sobre la efectividad de las instituciones de seguridad en el país. La falta de recursos y personal capacitado en la PNP es una preocupación que se ha repetido en diversas ocasiones, lo que subraya la necesidad de un fortalecimiento institucional antes de expandir sus competencias. En medio de este escenario, la atención pública se centra en cómo responderán las autoridades ante las advertencias sobre la inconstitucionalidad de la norma. La presidenta Dina Boluarte tiene la facultad de observar la ley, lo que podría llevar a un nuevo debate en el Congreso y una mayor revisión por parte de especialistas en derecho. Finalmente, en el marco de las discusiones sobre las facultades de la PNP, Salhuana también se refirió a otras investigaciones en curso, como la relacionada con la pensión vitalicia de Alberto Fujimori. Reiteró la importancia de que todas las indagaciones se realicen con transparencia y conforme a la ley, destacando que la credibilidad en el sistema judicial es fundamental para la confianza ciudadana. En conclusión, el reciente cambio en el Código Procesal Penal ha desencadenado una serie de reacciones que van desde la preocupación por la constitucionalidad de la norma hasta la necesidad de una reestructuración interna de la PNP. A medida que avanza el debate, queda claro que la gestión pública y la administración de justicia en el Perú enfrentan desafíos significativos que requieren un enfoque reflexivo y coordinado.