Reforma judicial en México: ¿suficiente sin cambios en las fiscalías?

En medio de la creciente preocupación por la impunidad y la ineficacia del sistema de justicia en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una reforma al Poder Judicial que busca mejorar la gestión de los juzgadores y magistrados. Sin embargo, un consenso emergente entre políticos, defensores de derechos humanos y especialistas sugiere que esta iniciativa es insuficiente si no se acompaña de una revisión y mejora integral de las fiscalías locales y de la Fiscalía General de la República (FGR). La opacidad y la falta de resultados han caracterizado a la FGR desde su creación en diciembre de 2018, algo que muchos consideran un obstáculo crucial para el avance de la justicia en el país. La reforma al Poder Judicial ha centrado su atención en los fallos y la eficacia de los juzgadores, pero queda de lado un aspecto igualmente crítico: el desempeño de las fiscalías en la etapa inicial del proceso penal. Según Marisol Mendez, coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia, gran parte de la impunidad en el país se origina en la deficiente calidad de las investigaciones realizadas por las fiscalías, que a menudo presentan casos con escasos elementos probatorios ante los jueces. Esto, a su vez, se traduce en absoluciones que la ciudadanía comúnmente atribuye a los jueces, cuando en realidad el problema puede estar en la calidad de las indagatorias iniciales. Un vistazo a los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023, publicado por el INEGI, revela la magnitud de la crisis en las fiscalías. En 2022, se reportaron 2 millones 915 mil 899 averiguaciones previas y carpetas de investigación sin concluir, un incremento del 10.9% en comparación con el año anterior. De estas cifras abrumadoras, solo un 1.7% pertenecía a la FGR, mientras que un 98.3% era responsabilidad de las fiscalías estatales. Este panorama destaca la necesidad urgente de abordar el funcionamiento de estas instancias antes de poder esperar resultados significativos de la reforma judicial. Casos emblemáticos como la compra de la planta Agronitrogenados y la trama de corrupción de Odebrecht subrayan la incapacidad de la FGR para llevar a juicio a actores clave. A pesar de la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, se ha cuestionado la efectividad del acuerdo reparatorio alcanzado y la falta de sentencias contundentes para otros funcionarios implicados. Asimismo, las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, han languidecido, lo que refuerza la percepción de que la FGR no está cumpliendo con su deber. Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, ha argumentado que los retrasos en la impartición de justicia son atribuibles a la falta de programación de audiencias por parte del Poder Judicial, dejando de lado la crítica a las deficiencias en las investigaciones realizadas por la FGR. Sin embargo, expertos como Marisol Mendez advierten que este intento de desviar la responsabilidad no contribuye a resolver la crisis que enfrenta el sistema de justicia. El diálogo sobre la reforma judicial ha excluido en gran medida a la FGR, cuyo titular, Alejandro Gertz Manero, ha optado por el silencio en lugar de participar activamente en las discusiones. Esto ha llevado a la percepción de que la Fiscalía se beneficia de la falta de atención sobre su desempeño en medio del debate sobre el sistema judicial, lo que plantea serias preguntas sobre la rendición de cuentas en esta institución clave. La Fundación para la Justicia ha abogado por una reforma integral que aborde las barreras que enfrentan grupos vulnerables en el acceso a la justicia. Esto incluye garantizar que las personas migrantes, las mujeres y las comunidades indígenas tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos. Las organizaciones de derechos humanos han señalado que la propuesta actual no responde a estas necesidades y carece de la profundidad necesaria para generar un cambio real. Reconocidas voces dentro de la bancada de Morena han admitido que, tras la reforma al Poder Judicial, será indispensable evaluar el trabajo de las fiscalías y las policías para un verdadero acceso a la justicia. La Senadora electa Ernestina Godoy Ramos ha subrayado que el cambio en las fiscalías es un paso que debe seguir a la reforma judicial, indicando que este es un proceso que no puede ser ignorado. El Presidente López Obrador ha manifestado que, si la reforma al Poder Judicial avanza, se podrá considerar la necesidad de cambios en las fiscalías. Sin embargo, este enfoque escalonado ha generado escepticismo entre quienes abogan por una acción inmediata y robusta para abordar las fallas en el sistema de justicia. Desde la óptica del especialista Jorge Carrasco, es fundamental entender que tanto el Poder Judicial como el sistema de justicia penal son interdependientes y requieren ajustes específicos. La calidad del trabajo que las fiscalías entregan a los tribunales es crucial para reducir la impunidad y mejorar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Sin un cambio integral que contemple todos los eslabones de este sistema, la reforma propuesta podría terminar siendo un mero parche ante una problemática que exige una solución más profunda y comprometida.