Reforma al Poder Judicial en México: Debate sobre la verdadera justicia y la impunidad

La reciente propuesta de reforma al Poder Judicial, presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha suscitado un amplio debate sobre la efectividad del sistema de justicia en México. A pesar de los intentos por mejorar la operatividad de juzgadores y magistrados, un consenso creciente entre políticos, defensores de derechos humanos y especialistas señala que la reforma por sí sola no será suficiente para erradicar la impunidad si no se realizan mejoras integrales en las fiscalías locales y en la Fiscalía General de la República (FGR). La crítica más contundente hacia el sistema de justicia radica en su incapacidad para responder adecuadamente a los delitos denunciados. Según Marisol Mendez, coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia, la impunidad en el país se debe en gran medida a la falta de elementos con los que las fiscalías presentan los casos ante los jueces. Esto, a su vez, lleva a que muchos casos queden sin resolución y que los jueces no puedan sostener acusaciones en base a pruebas insuficientes. La narrativa popular tiende a culpar a los jueces por la impunidad, sin embargo, Mendez enfatiza que las deficiencias comienzan en la etapa de investigación. Los números son contundentes. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023, en 2022 las fiscalías acumularon casi 3 millones de averiguaciones previas y carpetas de investigación pendientes, de las cuales 98.3 por ciento correspondían a fiscalías estatales. Este aumento en las investigaciones no concluidas muestra una tendencia alarmante y evidencia una crisis sistemática que no se limita a una sola institución, sino que abarca todo el sistema de justicia. Particularmente, la FGR ha sido fuertemente criticada por su manejo de casos emblemáticos como la investigación por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados y el escándalo de Odebrecht. A pesar de las expectativas iniciales, las investigaciones han languidecido sin llegar a sentencias concretas, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la voluntad y capacidad de la Fiscalía para llevar a juicio a altos funcionarios. Además, en temas de violaciones a derechos humanos, la FGR ha mostrado un desempeño deficiente. Casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las masacres de migrantes en San Fernando se encuentran aún sin justicia, lo que agrava la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de proteger sus derechos. En este contexto, las voces que abogan por una reforma integral del sistema de justicia se vuelven cada vez más urgentes. En un intento de justificar su falta de avances, la FGR ha atribuido la responsabilidad a la lentitud del Poder Judicial para programar audiencias. Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, ha insistido en que el rezago en la impartición de justicia no debe recaer en el Ministerio Público. Sin embargo, este argumento ha sido recibido con escepticismo por quienes analizan la situación desde una perspectiva más holística. A lo largo de los diálogos organizados sobre la reforma judicial, la participación del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, ha sido casi inexistente. Esta ausencia ha dejado a muchos cuestionando el compromiso de la FGR con la transparencia y la rendición de cuentas. En su lugar, funcionarios de menor rango han intentado representar a la Fiscalía, pero sin ofrecer soluciones concretas ante los desafíos planteados. La Cámara de Diputados ha aprobado la reforma al Poder Judicial, pero muchos cuestionan si este cambio será realmente significativo sin abordar los problemas estructurales que afectan a las fiscalías. La Senadora electa Ernestina Godoy Ramos ha sugerido que, tras la reforma, será necesaria una revisión del funcionamiento de las fiscalías y las policías para garantizar un verdadero acceso a la justicia. Por su parte, el Presidente López Obrador ha reconocido que, de avanzar la reforma al Poder Judicial, sería pertinente seguir con cambios en las fiscalías. Sin embargo, esta declaración ha sido recibida con cautela, dado que muchos consideran que se necesita un plan de acción más claro y urgente. La desconfianza en el sistema judicial no solo se traduce en una falta de denuncias, sino que también afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad. Finalmente, la situación actual del sistema de justicia en México presenta un panorama complicado. La falta de confianza en las instituciones, el aumento de la impunidad y la ineficacia de las fiscalías son problemas que afectan directamente la calidad de vida de millones de ciudadanos. Una reforma al Poder Judicial, sin el acompañamiento de cambios estructurales en las fiscalías, podría ser vista como un mero ejercicio simbólico, distante de las necesidades reales de justicia de la población. Así, el llamado a una reforma integral se vuelve no solo pertinente, sino necesario para que el país pueda avanzar hacia un sistema de justicia más equitativo y eficaz.