Controversia por la inclusión del exfiscal suizo Lenz como testigo en caso Odebrecht

El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, se encuentra en el centro de una controversia judicial al defender la necesidad de convocar al exfiscal federal suizo, Stefan Lenz, como testigo en el juicio del caso Cócteles. La pertinencia de su testimonio se ha vuelto crucial ante la posibilidad de que los exdirectivos brasileños de Odebrecht no acudan a las audiencias, lo que podría socavar la presentación del caso a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado. El origen de la polémica se remonta a 2016, cuando Lenz, en su calidad de fiscal en Suiza, incautó un servidor de la empresa Odebrecht que contenía datos clave sobre las operaciones corruptas en varios países, incluido Perú. A pesar de que Lenz fue contratado para analizar dicha información tras su salida de la fiscalía suiza, su papel fue relegado durante varios años, lo que generó interrogantes sobre la eficacia de la colaboración entre las autoridades peruanas y su contraparte brasileña. La situación ha cambiado drásticamente en 2023, cuando la justicia brasileña decidió suspender su cooperación con Perú, alegando irregularidades y un presunto sesgo político en la investigación. Esta decisión ha quedado en evidencia con la falta de comparecencia de los exdirectivos de Odebrecht que se habían comprometido a declarar, lo que ha dejado a la fiscalía peruana en una posición vulnerable. Pérez ha argumentado que la inclusión de Lenz como testigo es no solo necesaria, sino urgente, considerando que los exfuncionarios de Odebrecht han ignorado las citaciones. Durante la audiencia, el fiscal también mencionó que la defensa de algunos acusados, como Jaime Yoshiyama y José Chlimper Ackerman, ha señalado que los exdirectivos brasileños no se presentarán para testificar, lo cual agrava aún más el contexto de incertidumbre en el juicio. El fiscal ha señalado que, para poder acceder a la información sobre las actividades corruptas de Odebrecht, es esencial que los jueces escuchen el testimonio de Lenz. Además, ha presentado informes y documentos que respaldan su solicitud, argumentando que no se trata de un pedido tardío, sino de una necesidad surgida a raíz de nuevos datos obtenidos. Sin embargo, la defensa de Keiko Fujimori y otros acusados han expresado su oposición vehemente a la inclusión de Lenz como testigo, argumentando que no es un experto en los hechos sobre los que podría testificar. Aseguran que la fiscalía tuvo tiempo suficiente durante la fase de investigación para haber convocado a Lenz y recabar su testimonio. El fiscal también ha solicitado que se escuchen otros testimonios relevantes en el juicio, incluyendo el de Aldo Mariátegui y el expresidente Martín Vizcarra, quienes podrían aportar información sustancial sobre los vínculos entre Odebrecht y la política peruana. Este intento de la fiscalía por sumar voces a su caso resalta la complejidad y la interconexión entre el mundo empresarial y político en Perú. El contexto se torna aún más complicado cuando se considera que el Tercer Juzgado Penal Colegiado deberá decidir si acepta estos nuevos testimonios y documentos. Este proceso podría tener un impacto decisivo en la dirección del juicio y, por ende, en el futuro político de los acusados. Mientras tanto, la comunidad política y la ciudadanía observan de cerca el desenlace de este juicio, que se ha convertido en un reflejo de las luchas de poder y las implicaciones de la corrupción en el país. Con el juicio programado para continuar en los próximos días, la presión aumenta sobre el sistema judicial para que actúe de manera justa y transparente en un caso que ha sacudido a Perú. El desenlace de esta saga legal no solo afecta a los acusados, sino que también tiene repercusiones en la confianza del público en las instituciones del país. La capacidad del sistema judicial para afrontar las complejidades de casos de corrupción de gran envergadura, como el de Odebrecht, será puesta a prueba en las próximas audiencias, y la atención estará fija en el papel que jugarán los nuevos testigos y la aceptación de las pruebas presentadas por la fiscalía.