Controversia en Colombia tras comentarios de Petro sobre periodistas mujeres

Las palabras del presidente Gustavo Petro han desatado una ola de controversia y rechazo en el ámbito periodístico colombiano. Durante la ceremonia de posesión de Iris Marín Ortiz como la primera mujer Defensora del Pueblo, el mandatario se refirió a ciertas periodistas como "muñecas de la mafia". Este comentario, calificado de agresivo y despectivo, ha sido bien recibido por algunos, pero ha encontrado una fuerte oposición por parte de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). La FLIP ha manifestado su preocupación por el uso de términos que generalizan y estigmatizan a las periodistas, perpetuando estereotipos de violencia de género. En un contexto donde la violencia contra comunicadoras ha ido en aumento, las palabras del presidente no hacen más que avivar un fenómeno que ya se ha documentado a través de múltiples casos de agresiones. En lo que va de este año, la FLIP ha reportado 171 incidentes de violencia contra periodistas, de los cuales 43 han sido amenazas directas, evidenciando un acoso digital que afecta especialmente a mujeres en el oficio. La reacción a las palabras del presidente no se ha hecho esperar en las redes sociales. Desde el pronunciamiento de Petro, han emergido mensajes que no solo apoyan su perspectiva, sino que también promueven contenidos agresivos y estigmatizantes. Hashtags como #MuñecasDeLaMafia han comenzado a circular, amplificando un discurso que amenaza la integridad y el ejercicio periodístico de estas mujeres. La FLIP ha señalado que este tipo de ataques ha sido facilitado por una retórica política que normaliza la violencia digital y la misoginia. Este contexto ha llevado a la Corte Constitucional a actuar. En mayo de 2023, la corte emitió una sentencia de tutela que busca proteger a las periodistas de ataques en línea. La decisión fue impulsada por la evidente desprotección que enfrentan las comunicadoras en un entorno cada vez más hostil. La alta corte instó a los partidos políticos a adoptar códigos de ética que incluyan sanciones para quienes inciten a la violencia en redes, y pidió al Gobierno que presente un proyecto de ley para regular la violencia digital. La tutela fue solicitada por un grupo de periodistas que, tras recibir ataques misóginos y sexualizados, decidieron buscar protección. La corte, al analizar el caso, destacó que los ataques en línea suelen estar vinculados a la acción de actores políticos, lo que pone de relieve la intersección entre la violencia de género y la política en Colombia. Un ejemplo claro se dio cuando la periodista Vicky Dávila reportó un incidente, y el presidente Petro respondió de una manera que buscaba desacreditarla, lo que generó una ola de violencia digital en su contra. Otro caso emblemático es el de María Jimena Duzán, quien ha sido víctima de un acoso brutal tras publicar una crítica al expresidente Álvaro Uribe. La respuesta a su columna fue una serie de ataques que utilizaron un lenguaje misógino y estigmatizante, evidenciando que estas agresiones son sistemáticas y tienen un patrón claro. La senadora María Fernanda Cabal también participó en este ataque, lo que demuestra cómo la política puede ser un caldo de cultivo para la violencia contra las mujeres en el periodismo. La Corte Constitucional no solo ordenó la protección de las periodistas, sino que también estableció directrices para la creación de un marco legal que regule la violencia digital. Este reconocimiento de la violencia digital como un tipo específico de violencia de género es un paso crucial en la lucha por la equidad y la protección de los derechos de las mujeres. La corte ha subrayado la importancia de que existan mecanismos claros que permitan a las comunicadoras denunciar la violencia y acceder a la justicia de manera efectiva. Sin embargo, la implementación de estas recomendaciones y la creación de leyes adecuadas todavía enfrenta obstáculos. La necesidad de un diálogo abierto y constructivo entre el Estado, la sociedad civil y los medios de comunicación es urgente para construir un entorno más seguro para el ejercicio del periodismo. Las autoridades deben asumir un papel proactivo en la defensa de la libertad de prensa y la protección de quienes ejercen esta labor, especialmente las mujeres que enfrentan múltiples capas de violencia. En medio de este panorama, la situación de las periodistas en Colombia resalta la urgencia de un cambio cultural y normativo. La violencia contra mujeres en el periodismo no puede ser ignorada ni normalizada. La retórica del poder debe ser utilizada con responsabilidad, y los líderes políticos tienen la obligación de contribuir a un ambiente donde la libertad de expresión y el respeto por los derechos humanos sean la norma, no la excepción. La defensa de la libertad de prensa y la protección de las mujeres periodistas es un asunto que concierne a toda la sociedad. La FLIP y otras organizaciones continúan su labor de monitoreo y defensa, pero es fundamental que se establezca un compromiso colectivo para erradicar la violencia de género en todos sus ámbitos, especialmente en aquellos que buscan informar y educar a la población. La lucha por una prensa libre y justa es, sin duda, una lucha por la democracia misma.