Propuesta de Jorge Coayla busca cambiar la Ley de Organizaciones Políticas

En un contexto electoral marcado por la constante búsqueda de mayor representatividad y participación, el congresista Jorge Coayla, de la agrupación Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, ha presentado un proyecto de ley que promete generar un amplio debate en el ámbito político. La iniciativa, identificada como 8761/2024-CR, propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas para permitir que los candidatos que no hayan renunciado a sus partidos puedan postular con otras organizaciones políticas en las próximas elecciones generales, municipales y regionales. La propuesta busca modificar el artículo 24-B de la Ley 28094, argumentando que es fundamental garantizar el derecho a ser elegidos, un principio que en el contexto actual se torna esencial. En la exposición de motivos, Coayla señala que este cambio legislativo no solo ampliaría las opciones para los ciudadanos, sino que también fomentaría una competencia electoral más robusta, permitiendo que aquellos que se ven impedidos por la estructura interna de sus partidos tengan la oportunidad de participar. Jorge Coayla enfatiza que la propuesta no es simplemente un intento de facilitar la llegada de nuevos candidatos, sino una respuesta a las limitaciones que muchos afiliados enfrentan dentro de sus organizaciones políticas. En la práctica, esto podría significar que un ciudadano que, por diversas razones, no pueda participar en las elecciones primarias de su partido de origen no se vea despojado de su derecho a postularse a un cargo público. El proyecto también toma en cuenta diversas alternativas que han sido discutidas en el ámbito político, como la ampliación de los plazos para la renuncia y afiliación, así como la necesidad de que las organizaciones justifiquen la exclusión de ciertos afiliados en las listas de candidatos. Sin embargo, Coayla sostiene que estas propuestas, aunque válidas, no abordan de manera efectiva las problemáticas de transparencia y discriminación que pueden surgir dentro de los partidos. La propuesta ha generado reacciones diversas en el Congreso. Mientras algunos legisladores apoyan la idea de abrir las puertas a una mayor pluralidad política, otros advierten sobre los posibles riesgos de fragmentación y caos en el sistema electoral. La preocupación radica en que permitir estas postulaciones podría facilitar la aparición de candidatos que, sin un fuerte respaldo partidario, podrían diluir la calidad del debate político. En medio de este escenario, el Fiscal del caso ha indicado que existe un sector en el Congreso que podría estar interesado en que "se quiebren" los casos contra organizaciones criminales. Esta afirmación añade un matiz perturbador a la discusión, sugiriendo que la política y la delincuencia organizada pueden tener interacciones más complejas de lo que se percibe a simple vista. La noticia plantea interrogantes sobre la integridad del proceso electoral y la posibilidad de que actores con intereses oscuros intenten influir en la elección de representantes. Sin duda, la discusión sobre la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas llega en un momento crucial, en el que la ciudadanía busca respuestas y claridad en un panorama político que se ha visto ensombrecido por escándalos y desconfianza. La iniciativa de Coayla podría ser un paso hacia la inclusión, pero también podría acentuar las tensiones existentes si no se aborda con seriedad y responsabilidad. Este tipo de propuestas, que buscan desafiar los cimientos de un sistema político tradicional, requieren de un análisis profundo y un consenso amplio. La pregunta que queda en el aire es si el Congreso estará a la altura de las circunstancias y si realmente se priorizará el fortalecimiento de la democracia sobre los intereses particulares de algunos actores políticos. En conclusión, el futuro del proyecto de ley de Jorge Coayla dependerá de la capacidad del Congreso para debatirlo de manera abierta y transparente. La posibilidad de que los candidatos puedan postular sin renunciar a su partido podría ser una bocanada de aire fresco para el sistema político, pero solo si se gestiona de forma que realmente beneficie a la ciudadanía y no a intereses ocultos. La sociedad civil, por su parte, deberá mantenerse atenta y activa ante estos cambios, para asegurarse de que las decisiones que se tomen reflejen un verdadero compromiso con la democracia y la justicia.