Crisis de criminalidad: el transporte público y comerciantes bajo extorsión y miedo

El alarmante panorama de la criminalidad en el país ha llegado a un punto crítico, donde el transporte público se ha convertido en uno de los sectores más vulnerables ante el embate de bandas delictivas. Según declaraciones de un dirigente del gremio de choferes, se estima que el 40% de los conductores de transporte público está pagando cupos a extorsionadores, una práctica que no solo afecta la economía de los trabajadores, sino que también pone en riesgo sus vidas en un contexto donde los ataques a balazos y los asesinatos son cada vez más frecuentes. La situación se ha agravado notablemente en los últimos días, con el asesinato de un chofer que se ha interpretado como un mensaje claro y escalofriante para aquellos que aún no se someten al control de las bandas rivales. Este tipo de violencia, que antes se limitaba a enfrentamientos entre los propios delincuentes, ahora se extiende a la población civil, generando un clima de miedo y desesperación que permea no solo al gremio de transportistas, sino a pequeños comerciantes que también son blanco de extorsiones y amenazas. Las bodegas, restaurantes y ferreterías que alguna vez fueron el corazón de la vida comercial en numerosos barrios ahora se encuentran bajo la presión constante de los extorsionadores. Al menos un parqueador y un vendedor de caldo de gallina han sido asesinados en incidentes relacionados con esta ola de criminalidad, lo que habla de la indiferencia y la crueldad de las bandas que operan impunemente en el país. Es un ciclo de violencia que parece no tener fin, donde los disparos y las explosiones se han vuelto una parte habitual del paisaje urbano. En este contexto, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. La policía, a pesar de sus esfuerzos por combatir el crimen organizado, se ve desbordada y carente de un plan efectivo que permita abordar este fenómeno de manera integral. El Ministerio Público, por su parte, también enfrenta limitaciones en su capacidad para perseguir el delito, y en muchas ocasiones se le ha criticado por aplicar criterios laxos que permiten que los delincuentes sigan operando. La falta de unidad entre los operadores de justicia es otro de los factores que agravan la situación. El actual ministro del Interior se encuentra inmerso en un conflicto con el fiscal de la Nación, lo que ha llevado a una parálisis en la implementación de políticas de seguridad efectivas. Aunque la presidenta Dina Boluarte ha respaldado al ministro por su supuesta firmeza contra la delincuencia, esta relación se ha visto empañada por acusaciones y una investigación en curso sobre audios que podrían comprometer su gestión. La ciudadanía está exigiendo respuestas concretas y un plan de acción que aborde de manera efectiva la creciente ola de criminalidad. La pregunta persiste: ¿cuál es el plan del gobierno contra los extorsionadores? ¿Cómo se propone la autoridad hacer frente a la escalada de la violencia que afecta a miles de familias? La exigencia de mayor seguridad y justicia no puede ser ignorada, y es imperativo que se presenten soluciones claras y operativas. Mientras el gobierno se enfoca más en mantener una imagen pulida y en resolver disputas internas, la delincuencia sigue ganando terreno, arrasando con la tranquilidad y las expectativas de los ciudadanos. La urgencia de un enfoque serio y coordinado en materia de seguridad es más evidente que nunca. Las flores y los elogios no son suficientes en un contexto donde la vida de las personas está en juego. Es hora de que las autoridades dejen de lado las cortinas de humo y se concentren en el trabajo que realmente importa: proteger a los ciudadanos y garantizar su seguridad. La población merece un liderazgo comprometido que priorice sus necesidades y no las luchas de poder o la imagen política. El clamor por un cambio es palpable en las calles, y es responsabilidad de los que están en el poder atender esta demanda. El tiempo de las palabras vacías ha terminado; es hora de actuar con determinación y responsabilidad. La vida y la seguridad de miles de ciudadanos dependen de ello, y no podemos permitir que la delincuencia siga arrasando con lo que tanto ha costado construir.