Crisis política en Perú: fragmentación del poder y descontento ciudadano creciente

La situación política en el Perú ha tomado un giro que, aunque preocupante, se ha vuelto cotidiano en la vida de los ciudadanos. El poder ya no se conquista de manera absoluta, como en épocas pasadas, sino que se articula en parcelas. Esta fragmentación de la autoridad permite a ciertos grupos y líderes acumular riquezas y poder sin necesidad de buscar una hegemonía total, una circunstancia que se ha normalizado en la cultura política contemporánea. Los congresistas, representantes del pueblo, se han comportado como si el salón Porras Barrenechea fuese un salsódromo donde se puede bailar al son de la impunidad. La despreocupación con la que manejan sus funciones es alarmante. Se apropian de los salarios destinados a sus trabajadores, se embarcan en viajes frívolos y presentan rendiciones de cuentas que, en el mejor de los casos, se podrían calificar como irrisorias. Mientras tanto, las reformas que promueven muchas veces fortalecen a estructuras criminales, en lugar de contribuir a la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. El contraste es notable: mientras los ciudadanos expresan su descontento en las calles, los políticos se escudan en un discurso de defensa de la institucionalidad. El caso de María Agüero en Arequipa es solo un ejemplo de cómo la frustración popular se traduce en acciones directas contra figuras políticas que parecen haber olvidado su responsabilidad hacia el electorado. Sin embargo, cuando se ven confrontados, invocan principios de respeto y decoro que ellos mismos parecen ignorar en su actuar diario. Según el análisis de Danilo Martuccelli, el Perú es una sociedad "desformal". Sin embargo, esta afirmación puede ser reinterpretada. Las instituciones y formas del actual orden político son, en muchos sentidos, un reflejo de un caos estructurado. Lo que se ha instaurado es un sistema patrimonialista que, aunque caótico, permite la supervivencia de ciertas dinámicas de poder. Las bandas criminales, los narcotraficantes y los políticos corruptos han encontrado un espacio donde sus actividades pueden florecer sin las restricciones que alguna vez impusieron las reformas liberales de los años 90. Este nuevo orden es dominado por la predación. Los actores políticos y empresariales buscan acumular riqueza a través de instituciones que se han vuelto decadentes. En lugar de ser seducidos por el poder en sí mismo, hoy en día, los políticos parecen más inclinados a construir un entramado que les permita beneficiarse rápidamente. Personajes emblemáticos como los Acuña o los Luna representan esta transformación donde las relaciones son meramente comerciales y no están guiadas por principios ideológicos. El fenómeno descrito por Anne Applebaum sobre las redes de negocios asociadas a los autócratas modernos se manifiesta claramente en el contexto peruano. La política ha sido capturada por un sistema que no solo ignora la voluntad popular, sino que también se alimenta de la debilidad del vínculo que existe entre el Estado y sus ciudadanos. El interés general ha sido secuestrado por mafias, políticos corruptos y grupos económicos que operan en un entorno donde la economía informal y las actividades ilegales prosperan. A medida que las instituciones se ven socavadas por estas dinámicas, el futuro del país se torna incierto. La falta de confianza en los representantes políticos se traduce en un descontento generalizado, que puede dar lugar a un ciclo de violencia y desestabilización. La preocupación por el crecimiento del crimen organizado y las actividades ilegales es un reflejo de una estructura en la que el Estado parece incapaz de cumplir su función más básica: garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La pregunta que surge es cómo se puede revertir este proceso. ¿Es posible reconstruir un vínculo de confianza entre el Estado y la ciudadanía? ¿Pueden las instituciones recuperar su credibilidad y funcionar como verdaderos garantes del interés general? La respuesta no es sencilla, y requiere un compromiso conjunto de la sociedad civil y los actores políticos. Es fundamental que la ciudadanía tome conciencia de su poder. La movilización social, el activismo y la presión sobre los representantes son herramientas que deben ser empleadas para exigir cambios significativos. Solo así se podrá aspirar a un nuevo orden que, en lugar de ser patrimonialista y predatorio, ofrezca un espacio donde el desarrollo y el bienestar de todos sean la prioridad. La lucha por un futuro mejor comienza con la exigencia de rendición de cuentas y la reivindicación de valores democráticos que parecen haber sido olvidados.