Honduras cancela tratado de extradición con EE.UU. en medio de tensiones políticas

La reciente decisión del gobierno de Honduras de finiquitar el tratado de extradición con Estados Unidos ha generado una oleada de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. La presidenta Xiomara Castro, a través de un mensaje en la red social X, justificó esta medida alegando la "injerencia" y el "intervencionismo" estadounidense en la política hondureña. Este anuncio se produce en un contexto en el que la relación entre ambos países se ha visto marcada por tensiones crecientes, especialmente tras la reunión de autoridades hondureñas con altos funcionarios del gobierno venezolano. Castro argumentó que la intención de Estados Unidos de dirigir la política de Honduras desde su embajada es "intolerable". Este sentimiento de soberanía y autodeterminación parece ser un eje central en su discurso, en un momento en que el país se enfrenta a serios desafíos relacionados con el narcotráfico y la corrupción. La decisión de la presidenta ha sido interpretada como un intento de distanciarse de las políticas de la administración anterior, que estaba bajo el escrutinio de la justicia estadounidense por la supuesta complicidad con el narcotráfico. La embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó su preocupación por la reciente reunión de autoridades hondureñas con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien está sancionado por Washington. Dogu calificó de "sorprendente" la presencia del ministro de Defensa y del Jefe del Estado Mayor de Honduras en un encuentro con un individuo vinculado al narcotráfico, lo que ha intensificado las tensiones diplomáticas entre ambos países. Este acuerdo de extradición, que fue una herramienta esencial para desmantelar lo que Estados Unidos ha denominado un "narco-Estado" en Honduras, ahora queda en suspenso. La decisión de Castro ha suscitado temor entre aquellos que ven en ella una apertura para que los narcotraficantes operen sin temor a ser extraditados. Juan Carlos Barrientos, abogado hondureño, advirtió que esta medida podría facilitar la actividad criminal en el país. Sin embargo, la presidenta Castro y su gobierno han encontrado respaldo en algunos sectores políticos. Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso por el oficialismo, comentó que según el derecho internacional, ambos Estados deberían sentarse a dialogar sobre el futuro del acuerdo. Esta postura refleja un intento de mantener la puerta abierta a la negociación, a pesar de la ruptura formal del tratado. Desde la oposición y sectores críticos, las reacciones han sido contundentes. Salvador Nasralla, designado presidencial y crítico del gobierno, afirmó que la decisión de Castro responde a intereses personales para proteger a su esposo, Manuel Zelaya, y otros familiares implicados en casos de corrupción y narcotráfico. Esta percepción de intereses personales pone en tela de juicio la integridad del gobierno de Castro y su compromiso con la lucha contra el narcotráfico. El criminólogo Gonzalo Sánchez, por su parte, ha ofrecido una perspectiva diferente al indicar que muchos de los extraditados a Estados Unidos han recibido penas mínimas y han logrado salir en libertad. Esto plantea la cuestión sobre la efectividad del sistema de justicia hondureño y su capacidad para abordar los problemas de narcotráfico sin depender de la extradición. En medio de esta crisis política y social, el futuro de Honduras se presenta incierto. La decisión de Castro podría abrir un período de mayor impunidad para el narcotráfico en el país, pero también podría ser una oportunidad para que el gobierno busque fortalecer sus propias instituciones judiciales y de seguridad, un cambio que muchos consideran necesario. La situación en Honduras es un reflejo de las complejas dinámicas de poder en América Latina, donde la lucha por la soberanía y la intervención extranjera son temas recurrentes. La postura de la presidenta Castro podría resonar con otros gobiernos de la región que también han buscado distanciarse de la influencia estadounidense, aunque el costo de esa decisión podría ser un debilitamiento de las capacidades del país para enfrentar el crimen organizado. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención los desarrollos en Honduras, conscientes de que las decisiones que tome el gobierno de Castro no solo impactarán a su nación, sino que también podrían tener repercusiones en la estabilidad de la región en su conjunto. La elección entre la soberanía y la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico será un tema de debate crucial en los próximos meses.