Crecen denuncias de corrupción en Costa Rica, pero condenas permanecen estancadas

El panorama de la corrupción en Costa Rica revela una paradoja preocupante: a pesar del notable aumento en el número de denuncias, las condenas por estos delitos se mantienen estancadas. Entre 2015 y 2022, el promedio anual de personas condenadas por corrupción fue de 33, una cifra que evoca tiempos anteriores a la presente década, contrastando con un promedio de 40 condenados en el quinquenio de 2007 a 2011. Este estancamiento en las condenas a pesar del alarmante incremento en las denuncias pone de relieve un entramado judicial que, si bien se activa ante la creciente preocupación social, no traduce esta inquietud en resultados satisfactorios en términos de justicia. Los datos son contundentes. En la última década, las denuncias por corrupción han crecido un 47,5%, un aumento que desborda el promedio del total de denuncias penales, que se sitúa en un 8,6%. En 2014, se registraron 2.113 denuncias, cifra que se eleva a 3.117 en 2023. Sin embargo, este incremento en las denuncias no se ha visto reflejado en un aumento proporcional de condenas. Las cifras indican que, de las 781 personas sentenciadas en el periodo mencionado, el 65,5% fueron absueltas, lo que sugiere que el sistema judicial enfrenta serias dificultades para sostener un caso de corrupción hasta su condena. Más preocupante es el hecho de que el porcentaje de denuncias que se traduce en casos judicializados ha mostrado una ligera disminución, pasando del 81,8% en 2014 al 79% en 2023 en casos de corrupción. Esta tendencia sugiere que, aunque se detectan más casos, el sistema judicial tiene dificultades para procesarlos adecuadamente, lo que se traduce en una sensación de impunidad entre la población. El aumento gradual en las denuncias contrasta notablemente con la disminución en la prosecución efectiva de las mismas. La complejidad de los casos de corrupción y la lentitud en los procesos judiciales son factores que contribuyen a esta situación. Según el informe Estado de la Justicia de 2020, los fiscales pueden tardar entre dos y tres años en preparar casos de mediana dificultad, y hasta seis años para los más complejos. Esto no solo afecta la eficacia del sistema judicial, sino que también genera una percepción de inacción y desconfianza en la justicia. Los testimonios de funcionarios del sistema judicial resaltan que, ante la carga de trabajo y la falta de recursos, muchos casos se ven comprometidos en su desarrollo. Otro elemento que contribuye a esta percepción de impunidad es la baja cantidad de condenas por delitos graves relacionados con la corrupción, como el enriquecimiento ilícito y el prevaricato. En un periodo de ocho años, solo dos personas fueron condenadas por enriquecimiento ilícito, lo que plantea interrogantes acerca de la efectividad de la ley y la capacidad del sistema judicial para abordar estos delitos de manera efectiva. El director ejecutivo de Costa Rica Íntegra, Jimmy Bolaños, destaca que la sensación de impunidad se ha incrementado en el ámbito público, donde los funcionarios pueden actuar con poca preocupación por las repercusiones legales de sus actos. La falta de castigo genera un ambiente propicio para el desvío de recursos públicos y la corrupción, un fenómeno que trasciende fronteras y se observa en otras naciones de América Latina. Aunque hay un consenso en la necesidad de reformas que simplifiquen los procesos judiciales y optimicen el uso de recursos, las opiniones divergen sobre cómo abordar este problema. La dificultad radica en la falta de indicadores claros que permitan evaluar la eficacia del sistema judicial más allá de las cifras de denuncias y condenas. La ausencia de un análisis profundo sobre los factores que afectan el procesamiento de casos de corrupción se convierte en un obstáculo para la implementación de soluciones efectivas. La situación actual exige una reflexión urgente sobre la eficacia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción en Costa Rica. La creciente cantidad de denuncias debe ser acompañada por un sistema judicial que sea capaz de procesarlas de manera eficiente y transparente, de lo contrario, la lucha contra la corrupción se convertirá en un ejercicio de meras apariencias, sin impacto real en la justicia y la confianza ciudadana. Es fundamental que las autoridades pertinentes, como la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, se pronuncien sobre estos temas y se establezcan medidas que permitan un manejo más eficiente y menos burocrático de los casos de corrupción. Sin una respuesta adecuada a estos desafíos, el país corre el riesgo de perder la credibilidad en sus instituciones y de perpetuar un ciclo de impunidad que socava la confianza ciudadana y la estabilidad democrática. La situación de la corrupción en Costa Rica es un reflejo de un problema estructural que requiere atención urgente. Las estadísticas indican un crecimiento en las denuncias, pero al mismo tiempo, la incapacidad del sistema judicial para traducir estas denuncias en condenas efectivas resalta la necesidad de un cambio profundo en la forma en que se manejan estos casos. La sociedad costarricense merece un sistema de justicia que realmente funcione y que garantice que aquellos que abusan de su posición no queden impunes.